RIAD.- El Gobierno de Arabia Saudí ha criticado la reciente entrada en vigor en Estados Unidos de la ley que permitiría a los estadounidenses demandar a Riad por su supuesto papel en los atentados del 11 de septiembre de 2001, informó en las últimas horas la agencia oficial saudí de noticias, SPA.
El Ministerio saudí de Asuntos Exteriores señaló en un comunicado difundido por la agencia que la aprobación de esta ley "es una fuente de gran preocupación para los países que están en contra de debilitar la inmunidad soberana".
Según la fuente, el principio de afectar la inmunidad soberana "influye negativamente en todos los países, entre ellos, Estados Unidos".
Asimismo, añadió que muchos Gobiernos y decenas de expertos de la seguridad nacional estadounidense han mostrado una "gran oposición" a este reglamento, ya que "han sentido el peligro que puede suponer en las relaciones internacionales".
Además, expresó su esperanza de que "el Congreso estadounidense tome los pasos necesarios para evitar las graves consecuencias que pueden resultar de esta ley".
Este reglamento, conocido como "Ley de Justicia contra Promotores del Terrorismo", entró automáticamente en vigor el pasado miércoles, después de que la Cámara de Representantes y el Senado anularan el veto del presidente, Barack Obama, a dicha ley.
Una mayoría de legisladores, tanto demócratas como republicanos, consideran que hay pruebas de que altos funcionarios saudíes estuvieron implicados en la red de financiación de los atentados del 11S, en los que murieron cerca de 3.000 personas, y que, por tanto, las víctimas tienen derecho a demandas colectivas contra Riad.
Frente a ello, la Casa Blanca argumenta que esta legislación pone en peligro las relaciones entre EE.UU. y Arabia Saudí y sienta un peligroso precedente porque, con la excusa de la reciprocidad, podría invitar a otras naciones a demandar en corte extranjeras a diplomáticos y militares estadounidenses.
El Gobierno saudí niega tener lazos con los responsables de los ataques y ha hecho un enorme esfuerzo de presión en Washington contra la ley, que abriría la puerta a una oleada de demandas y peticiones de indemnizaciones de los familiares de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre.
