LA HABANA.- Los rebeldes de las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos acordaron este viernes mantener el alto al fuego en Colombia y discutir "propuestas de ajuste" al acuerdo de paz que fue rechazado sorpresivamente en el plebiscito del domingo.
Pese al resultado electoral, las partes reunidas en Cuba se mostraron resueltas a persistir en una salida negociada al último conflicto armado del continente, un esfuerzo que le valió a Santos el Premio Nobel de Paz este mismo viernes.
"Reiteramos el compromiso asumido" por las partes "de mantener el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo decretado el pasado 29 de agosto", según un comunicado conjunto leído en La Habana, sede de las negociaciones de paz.
Sin aludir a la reciente decisión de Santos de mantener el cese del fuego hasta el 31 de octubre, las partes anunciaron un "protocolo" para "prevenir cualquier incidente" sobre el terreno mientras se resuelve la crisis desatada por la consulta.
Un mecanismo "tripartito" formado por la ONU, el gobierno y la guerrilla "estará a cargo de monitorear y verificar" el cumplimiento del protocolo y las "reglas que rigen" la terminación del enfrentamiento armado.
"Con ese propósito, solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas, y por su intermedio, al Consejo de Seguridad, que autorice" a la misión ya acordada "ejercer las funciones de monitoreo, verificación, resolución de diferencias" del alto al fuego.
Desde Bogotá, la canciller María Ángela Holguín dijo no obstante que será imposible contar con el acompañamiento de la ONU por tiempo "indefinido".
"El Consejo de Seguridad no puede mantener una misión sin un sustento jurídico claro. Están haciendo todo su esfuerzo por darnos un compás de espera, pero esto no es algo que sea indefinido", dijo a periodistas.
Modificaciones al pacto
El Gobierno de Santos y los rebeldes comunistas habían ya firmado el pacto para poner punto final a un conflicto que deja millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados, y que también involucra a otros grupos armados ilegales.
Sin embargo, los colombianos, contra todo pronóstico, lo rechazaron en las urnas, lo que impidió su implementación.
Santos decidió entonces reunirse con los opositores, encabezados por el ex Presidente Álvaro Uribe, para intentar alcanzar un consenso y salvar un pacto que en esencia busca el desarme de las FARC y su transformación en partido político.
El ex Mandatario rechaza que los guerrilleros involucrados en delitos atroces no paguen un mínimo de cárcel y puedan ser elegidos a cargos públicos. El acuerdo de La Habana prevé penas alternativas a la prisión para quienes confiesen sus delitos y contribuyan a reparar a las víctimas.
Después de casi una semana de incertidumbre, las FARC y el Gobierno de Santos convinieron que escucharán "a los diferentes sectores de la sociedad", en "un proceso rápido y eficaz", para "definir prontamente una salida".
Si bien defendieron el pacto suscrito el 26 de septiembre por Santos y Timoleón Jiménez, (Timochenko), líder máximo de la guerrilla, los equipos anunciaron que "las propuestas de ajustes y precisiones que resulten de ese proceso, serán discutidos".
El jefe de la delegación oficial, Humberto de la Calle, remarcó que "cualquier ajuste o precisión que se le haga al acuerdo final deberá ser el resultado de un diálogo constructivo entre las delegaciones".
"Colombia no quiere regresar a la guerra", subrayó De la Calle.
Por lo pronto, las partes decidieron mantener abiertos los diálogos en La Habana, sede del proceso de paz por casi cuatro años, para hallar una solución final al punto muerto creado por el rechazo al acuerdo.
