CARACAS.- Un miembro del partido opositor venezolano Voluntad Popular fue liberado tras pasar 121 días detenido, según anunció el martes una diputada del partido.
Francisco Márquez, que tiene doble ciudadanía venezolana y estadounidense, fue detenido en junio cuando se disponía a colaborar con la validación de firmas para solicitar un referendo revocatorio que recorte el mandato del presidente del país, Nicolás Maduro.
"Termina la agonía para la familia Márquez Lara. Tras 121 días de una detención ilegal Pancho Márquez siendo inocente sale en exilio forzado", indicó la legisladora Manuela Bolívar en su cuenta en Twitter.
Márquez y otro opositor, Gabriel San Miguel, fueron detenidos el 19 de junio pasado en el estado central de Cojedes por guardias nacionales luego que les fueran incautados paquetes de panfletos y 2.900.000 bolívares (unos 4.777 dólares) que, según la Fiscalía General "no pudieron justificar". San Miguel ya fue liberado en septiembre pasado y viajó a España.
El arresto de los militantes políticos fue criticado por la organización Human Rights Watch, que expresó una profunda preocupación por las detenciones.
"La falta de acusación en contra de Pancho Márquez y las gestiones diplomáticas lograron su salida del país", dijo Bolívar en otro tuit, sin dar otros detalles.
La fiscalía acusó a Márquez, de 30 años, y San Miguel, de 24, de los delitos de "legitimación de capitales" e "instigación pública". Los dos activistas políticos estuvieron detenidos en una cárcel del centro del país y posteriormente fueron trasladados a los calabozos de la policía política en la capital venezolana.
Dirigentes de Voluntad Popular rechazaron los cargos y sostuvieron que los dos miembros de su partido fueron apresados cuando llevaban dinero de la alianza opositora al centro del país para actividades de logística dentro del proceso para validar las firmas de 1% del electorado, el primer paso para activar el mecanismo revocatorio contra Maduro.
Pese a los obstáculos colocados en las últimas semanas por el Tribunal Supremo de Justicia y las autoridades electorales, ambas instituciones señaladas de estar controladas por el oficialismo, la oposición apuesta a realizar este año el referendo como salida a la crisis económica y social que golpea a Venezuela. Sin embargo, el calendario establecido por el Consejo Nacional Electoral ha generado dudas de que la consulta pueda darse antes del 10 de enero de 2017, cuando se completará más de la mitad del mandato de seis años de Maduro.
La Constitución establece que si el referendo se celebra luego de esa fecha, los últimos años del gobierno deberán ser completados por el vicepresidente en lugar de celebrar elecciones anticipadas.
