BUENOS AIRES.- Son 30.000. Ni uno más, ni uno menos. Organismos de derechos humanos de Argentina insistieron en que ésa era la cifra real de desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
Esta postura se manifestó a unos días de que un informe difundido por el gobierno del presidente Mauricio Macri redujera ese número a menos de la mitad, lo que reabrió una herida simbólica ante la imposibilidad de determinar la cantidad exacta de víctimas 40 años después.
El cálculo oficial provino del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (RUVTE), que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos. Esta dependencia difundió el lunes que el número de víctimas de represión ilegal fue de 8.571 entre 1973 y 1983. De éstas, según el informe, 7.010 se consideran de desaparición forzada y 1.561 de asesinato.
Con la difusión de esta cifra oficial, algunos grupos de derechos humanos reaccionaron. "Abierta o solapadamente, se trata de relativizar los crímenes aberrantes del terrorismo de Estado y poner en cuestión la lucha de los organismos", declararon dos de los más emblemáticos del país, Abuelas de Plaza de Mayo y la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo.
A esta declaración se sumaron otras instituciones, como Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas y los Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S).
El plan represivo ilegal ejecutado por las Fuerzas Armadas en los años 70 consistió en secuestro, tortura y desaparición física de los disidentes. Para no dejar rastros de sus acciones, las víctimas eran arrojadas al mar o enterradas en fosas comunes sin identificar, por lo que dificulta establecer una cifra definitiva de muertos.
"Estos crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en nuestro país y de algún modo siguen ocurriendo, porque los perpetradores ocultaron sus crímenes, los negaron y todavía hoy persisten en su silencio", declararon los organismos.
La Secretaría de Derechos Humanos dijo el lunes que la difusión de la estadística obedeció a un pedido de informes solicitado por la asociación civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, amparándose en el derecho de acceso a la información pública.
Al mismo tiempo, la dependencia oficial aclaró que "el número de personas desaparecidas continúa siendo indeterminado y toda cifra que pueda informarse resulta parcial y provisoria". Esto se debe a que "permanentemente se siguen recibiendo nuevas denuncias y declaraciones testimoniales".
Al no conformarse con esta explicación, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo declararon: "En los últimos meses hemos advertido intentos por negar el genocidio, reinstalar 'la teoría de los dos demonios"' -la cual justificaba el uso de métodos represivos ilegales para combatir a grupos subversivos de izquierda- y "desprestigiar la lucha de los organismos de derechos humanos".
Sin embargo, en el documento aclararon que seguirían "reivindicando la lucha de nuestros seres queridos y gritando bien fuerte: ¡30 mil detenidos-desaparecidos presentes, ahora y siempre!".
