PARÍS.- El proyecto de ley impulsado por el Gobierno francés que busca sancionar a ciertas páginas de internet antiaborto, acusadas de ofrecer información falsa, ha generado gran polémica en el país, principalmente en los sectores más conservadores.
La proposición legislativa del Partido Socialista que hoy inicia su tramitación parlamentaria en la Asamblea Nacional, pretende extender el delito de obstaculización al aborto a todas aquellas webs que ofrecen una información parcial o errónea sobre la interrupción del embarazo.
La ministra de la Familia y del Derecho de las Mujeres, Laurence Rossignol, la justificó hoy, en una entrevista a la emisora "France Info", porque en los últimos años han aparecido "al menos cuatro o cinco" sitios de internet que recurren a "un sistema bastante perverso" ya que se presentan como instancias de información para las mujeres que se plantean abortar.
En realidad -subrayó Rossignol-, a través de "informaciones falsas" hacen entrar a las mujeres que los visitan "en una especie de túnel que les lleva a dudar de su decisión" de interrumpir su embarazo.
La más popular de esas páginas, ivg.net, asegura en su página principal que el aborto "implica riesgos médicos y psicológicos", y recaba testimonios de mujeres contra esa práctica. Otras webs aseguran que el aborto conlleva riesgo de muerte para la madre y muestran imágenes de fetos.
Para la oposición conservadora del país y los colectivos antiaborto, el proyecto legislativo supone una traba a la libertad de expresión, ya que merma el margen de maniobra de quienes pretende atraer a las mujeres hacia soluciones alternativas.
La Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal, envió una carta al Presidente, el socialista François Hollande, para denunciar que si el texto sale adelante "constituiría (...) un precedente grave de limitación de la libertad de expresión en internet" y "un atentado muy grave a los principios democráticos".
Para la Conferencia Episcopal, se mermaría el margen de maniobra de las asociaciones que trabajan con las mujeres que dudan en practicar el aborto, con el objetivo de que sea "un acto cada vez menos voluntario, menos libre".
"¿Hay que excluir toda alternativa al aborto para poder ser considerado un ciudadano honesto? ¿La más mínima invitación a mantener el niño puede ser calificada de 'presión psicológica' o 'moral'?", se preguntó retóricamente.
En una posición similar, el presidente de Los Republicanos en la Asamblea, Christian Jacob, indicó que su grupo parlamentario se opone en nombre de "la defensa de la libertad de expresión", ya que "desde el momento en que no se está en la línea del Gobierno ni de un sitio oficial, habría condena".
Jacob añadió que el principal partido conservador ha sido "muy claro" sobre su defensa de que las mujeres puedan recurrir al aborto y no tienen que recibir "ninguna lección", antes de recordar que la ley que despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo en 1975 fue obra de un Ejecutivo de derecha.
Durante las primarias de la derecha finalizadas el pasado domingo con la victoria de François Fillon, el que será candidato a las presidenciales de 2017 y favorito en las encuestas insistió en que "filosóficamente" está en contra del aborto, pero que si llega al poder "nunca se dará marcha atrás con el derecho al aborto".
Desde la llegada de los socialistas al poder en 2012 ha habido varias reformas, la primera para eliminar la noción de "angustia", que era necesaria para que una mujer pudiera acogerse al aborto en determinados casos.
Posteriormente, se suprimió el periodo obligatorio de reflexión al que estaban obligadas las mujeres entre el momento en el que hacían la petición y la intervención propiamente dicha, y se garantizó el reembolso por parte de la Seguridad Social de la totalidad de los gastos derivados del aborto.
