Ex Presidente García, llegando este jueves a la Fiscalía.
Reuters
LIMA.- El ex Presidente peruano Alan García, declaró este jueves ante la Fiscalía como testigo en uno de los casos que involucran a la empresa Odebrecht. El político dijo ir "sin temor" a verse involucrado y como contrapunto del fugitivo Alejandro Toledo, quien es buscado por la justicia acusado de haber recibido recompensas de la empresa brasileña.
La comparecencia del ex Mandatario fue seguida con mucha atención por la prensa local, ante la que García insistió que no tenía miedo a quedar implicado en el escándalo y afirmó estar dispuesto a someterse a cualquier convocatoria legal o parlamentaria que sea requerida.
Pese a sus reiterados mensajes de "no querer dar lecciones a nadie" con su aparición, la actitud y los duros mensajes que emitió contra la corrupción estaban directamente dirigidos a reflejar la situación de Toledo, prófugo de la Justicia peruana desde que la semana pasada un juez pidiera su captura.
El ex Mandatario Toledo, que se presume está en Estados Unidos, habría presuntamente recibido 20 millones de dólares para adjudicar a la empresa brasileña la construcción de la carretera Interoceánica, uno de los proyectos de infraestructura más grandes del país.
"(Con la comparecencia) cumplo así mi deber como ex Presidente y ciudadano ante cualquier tema y convocatoria legal a las que siempre asistiré para que todo funcionario corrupto sea sancionado. Ajeno a sobornos y coimas, creo que la única riqueza para un político es el honor de servir al pueblo y representar a la nación", afirmó García al salir de la Fiscalía.
La Fiscalía anticorrupción citó al ex Mandatario para recoger sus declaraciones sobre las presuntas irregularidades en la licitación de la construcción del Gasoducto Sur Peruano abiertas contra la ex Primera Dama Nadine Heredia, esposa del ex Presidente Ollanta Humala.
Respecto a ese tema, García insistió que ese proyecto fue aprobado fuera de su mandato y que fue modificado respecto al plan original para ser "sobredimensionado" y para favorecer a las empresas operadoras a un alto costo para el Estado.
"Deben investigarse las circunstancias por las que se cambiaron los términos del contrato, gravando las espaldas del pueblo peruano", aseveró García.
