BUENOS AIRES.- El fiscal argentino Carlos Stornelli pidió este martes que el diputado y ex ministro kirchnerista Julio de Vido sea desprendido de sus fueros como legislador para que pueda ser detenido en una causa en la que se le investiga por un presunto desvío de fondos públicos.
Junto al ex titular de Planificación Federal durante el kirchnerismo (2003-2015), se pidió la detención de, entre otros, Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Gestión del ministerio, extinta cartera que hasta 2015 aglutinaba áreas como las obras públicas y las políticas en energía y vivienda.
Los ex funcionarios están acusados de un multimillonario desvío de fondos en un proyecto minero en la ciudad de Río Turbio (provincia sureña de Santa Cruz) que nunca se concretó, y en el caso de De Vido, tendría que obtener el visto bueno del Congreso para su desafuero, lo que permitiría su arresto.
Según la Constitución argentina ningún legislador puede ser detenido, excepto en el caso de ser sorprendido "in fraganti" en la ejecución de algún crimen.
Si para conseguirlo un tribunal solicita el desafuero de un parlamentario, la Cámara baja o alta -a la que pertenezca el acusado- deberá tratar la causa en un plazo de 180 días.
Consultado sobre esta cuestión, el Presidente argentino, Mauricio Macri, se mostró a favor de que los legisladores del frente gobernante Cambiemos apoyen "el pedido del fiscal".
"Tenemos que conseguir el apoyo de otros diputados", dijo Macri en declaraciones a la emisora Cadena 3.
"Entre los cambios importantes que ha tenido la Argentina, está el que se acabó la impunidad. Ya nadie esta por arriba de la ley. Somos todos iguales ante la ley", añadió el Mandatario.
La agencia estatal de noticias Télam concretó que los millonarios fondos objeto de investigación estaban destinados a reconvertir la mina de Río Turbio, algo que no sucedió, y a la construcción de un tren que costó 400 millones de pesos (23,75 millones de dólares de la actualidad), que también se cuestiona.
Además, se investigan presuntas irregularidades en las comisiones cobradas por la Universidad Tecnológica Nacional y la de Santa Cruz por obras que les fueron cedidas.
Según Télam, en su dictamen, Stornelli indicó que las maniobras por defraudación a la administración pública fueron superiores a los 26 millones de pesos (1,55 millones de dólares) y "no habrían podido prosperar sin el silencio de los ex funcionarios del Ministerio de Planificación y de la ex secretaría de Minería de la Nación", que estaban "obligados a velar por el fiel cumplimiento de las normas de obra pública".
Por todo esto, y por la "gravedad del delito", el procurador pidió la citación a declarar y la detención de De Vido, entre otros exaltos cargos como el actual intendente de Río Turbio, Pérez Osuna; el exsecretario de Minería de la Nación entre 2002 y 2015, Jorge Mayoral.
Ahora le corresponde al juez Rodríguez hacer o no lugar a las peticiones.
La respuesta del ex ministro
En declaraciones a la prensa, De Vido consideró que el pedido del fiscal "forma parte de la campaña política del Pro (Propuesta Republicana, fuerza liderada por el Presidente argentino, Mauricio Macri) para estas elecciones", con primarias en agosto y comicios legislativos en octubre.
"Ven una derrota fenomenal electoral en agosto y en octubre y están trabajando sobre la persecución a nosotros. Le hacen el librero y la Justicia lamentablemente, algunos sectores, lo toman", dijo el diputado kirchnerista.
De Vido aseguró que lo acusan de un delito que no cometió porque no intervino en esa operación.
"No hemos sido ni siquiera citados a indagatoria, con lo cual no tenemos mucha idea (del contenido de la causa). Mis abogados han ido a ver el expediente y yo después seguramente vaya a verlo", añadió.
La causa comenzó tras una denuncia presentada por el abogado Santiago Dupuy De Lome.
