SANTIAGO.- El juez Richard Concepción dictó prisión preventiva para el ex Presidente de Perú, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por presuntos aportes irregulares en la campaña electoral de 2011 acusados de lavado de activos.
"Declaro fundado el requerimiento de revocatoria de comparecencia con restricciones contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, y en consecuencia se impone mandato de detención contra los investigados por el plazo de 18 meses por el delito de lavado de activos en agravio del estado", anunció el juez al leer el fallo.
Humala se convertiría en el primer ex gobernante de América Latina en prisión vinculado a casos de corrupción de la brasileña Odebrecht.
Concepción tomó la medida ya que consideró que "es idónea y necesaria para la investigación" que durará 18 meses.
La pareja salió de su casa en un vehículo inmediatamente después de que el juez terminara de leer su fallo. Patrulleros de la Policía acompañaron la caravana con dirección hacia el despacho de Concepción.
"Esta es la confirmación del abuso del poder, al que nosotros le haremos frente, en defensa de nuestros derechos y de los derechos de todos", dijo Humala en su cuenta de Twiter.
Los abogados del ex Mandatario y ex primera dama, Julio César Espinoza y Wilfredo Pedraza, anunciaron que apelarán la decisión por lo que tendrá que ser revisada por un tribunal de segunda instancia.
Concepción dictaminó a favor del pedido del fiscal Germán Juárez, quien en la víspera sustentó ante el juez durante una maratónica sesión -que duró hasta la madrugada del jueves- que existe un riesgo de que Humala y a Nadine escapen del país y hay un peligro de que obstruyan en libertad las investigaciones.
En mayo, el fiscal interrogó en Brasil a Odebrecht, quien admitió haber autorizado el pago a Humala a pedido del Partido de los Trabajadores, del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue condenado el miércoles por corrupción pero que seguirá en libertad mientras espera una apelación.
Odebrecht firmó en diciembre un acuerdo negociado con fiscales estadounidenses en el que develó una extensa trama de sobornos para conseguir contratos en varios países de Latinoamérica. Además de las repercusiones en Brasil, el esquema de pagos del grupo es investigado en Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México y Venezuela, entre otros países.
El fiscal peruano acusó también a la pareja de haber recibido aportes para sus campañas electorales del 2006 y el 2011 de la constructora brasileña OAS, así como dinero proveniente del Tesoro público del Gobierno venezolano, lo que los ayudó a incrementar su patrimonio personal.
