SANTIAGO.- La ex fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, huyó de Venezuela y llegó a Bogotá junto a su esposo según lo confirmado por Migración Colombia.
"El día de hoy en horas de la tarde ingresó al país proveniente de Aruba la señora fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien arribó en un vuelo privado al Aeropuerto de Bogotá", reza un comunicado difundido por Migración.
La información añadió que ambos hicieron "su correspondiente trámite migratorio ante las autoridades colombianas", sin precisar mayores detalles.
Horas antes, Ortega intervino vía telefónica en la Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina, que hoy concluye en la ciudad mexicana de Puebla, y atribuyó la "persecución sistemática" del Gobierno de Nicolás Maduro hacia ella y personal del Ministerio Público al proceso por los sobornos de la firma brasileña Odebrecht.
"Es el mayor hecho de corrupción en la región y eso los tiene muy preocupados y angustiados porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones y montos y personajes que se enriquecieron", afirmó la ex fiscal, y advirtió que la investigación "involucra al señor Nicolás Maduro y su entorno".
El pasado 5 de agosto, Ortega fue destituida de su cargo por la ANC que la acusó de haber cometido "actos inmorales", una acción que para la ex fiscal es un paso más del Gobierno de Maduro hacia el establecimiento de una dictadura.
Ortega estuvo vinculada en el pasado al chavismo y se distanció de Maduro en los últimos meses después de denunciar la ruptura del orden constitucional en su país tras dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que le quitaban competencias al Parlamento y limitaban la inmunidad de los diputados.
Además, la ex funcionaria criticó duramente la actuación de la fuerza pública venezolana para contener las manifestaciones en contra de Maduro, que en cuatro meses dejaron más de un centenar de fallecidos.
La ANC también decidió este jueves retirar la inmunidad parlamentaria a Germán Ferrer por estar supuestamente vinculado a una red de extorsión.
Los delitos que se le atribuyen a Ferrer se sustentan en los comprobantes de apertura de una cuenta por varios millones de dólares en un banco internacional, unos documentos con la supuesta rúbrica del diputado.
