Rodrigo Duterte ha asignado en exclusiva a la agencia antidroga de su país (PDEA) el liderazgo de la polémica "guerra contra las drogas".
EFE
MANILA.- El Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha asignado en exclusiva a la agencia antidroga de su país (PDEA) el liderazgo de la polémica "guerra contra las drogas" y ha distanciado a la Policía de la campaña, tras una oleada de escándalos y protestas.
El presidente ordenó a todas las entidades del Gobierno que "reserven a la PDEA, como única agencia, el manejo de las campañas y operaciones contra quienes, directa o indirectamente, estén involucrados o relacionados con drogas ilegales", según el memorando obtenido hoy por EFE.
En el documento, remitido esta semana por Duterte a la Policía Nacional, al Buró Nacional de Investigación (NBI) y al resto de organismos gubernamentales, les exige entregar "toda la información y los datos" de la lucha contra las drogas a la PDEA para que ésta "tome las acciones apropiadas".
El memorando especifica que el liderazgo de la PDEA "no significará una reducción de los poderes de investigación del NBI y la Policía Nacional en todos los delitos" relacionados con drogas.
El Gobierno de momento no ha ofrecido más detalles que permitan aclarar hasta qué punto la Policía, responsable de buena parte de las muertes de la "guerra antidroga", quedará apartada de la campaña iniciada hace 15 meses, cuando Duterte llegó al poder.
La orden presidencial llega tras varios escándalos en torno a esta sangrienta campaña en la que más de 3.900 sospechosos han sido abatidos por la Policía.
El número total de fallecidos se estima superior a 7.000 si se le suman los homicidios de supuestos drogadictos y traficantes atribuidos a particulares y patrullas vecinales.
La muerte de tres jóvenes y otras irregularidades en la "guerra contra las drogas" en los últimos meses causaron malestar en la sociedad filipina, lo que se tradujo el mes pasado en la mayor manifestación contra Duterte y en una caída del apoyo popular al presidente, del 78 % en junio al 67 % en septiembre.
Además, el miércoles un grupo de abogados de tendencia progresista presentó una petición al Tribunal Supremo de Justicia filipino para que detenga la campaña antidroga al considerarla inconstitucional.
El pasado febrero, tras un primer escándalo de corrupción, Duterte ya apartó a la Policía de la campaña y suspendió las operaciones durante un mes, aunque en marzo las reanudó al asegurar que las drogas y el crimen habían experimentado un repunte.
