BARCELONA/MADRID.- España vivió este viernes un doble hito en la crisis independentista de Cataluña: el
Parlamento local, ubicado en Barcelona, aprobó la creación de una república independiente antes de que el Senado español
diera luz verde a la intervención de la autonomía de la región por parte del Estado central. ¿Cuáles son los escenarios a futuro?
¿Declaró Cataluña su independencia?
No en términos estrictamente jurídicos, aunque la resolución aprobada tiene enorme impacto político y fue celebrada por los independentistas como la proclamación de una nueva "república".
El texto recoge la declaración de independencia anunciada y dejada en suspenso el 10 de octubre por los inependentistas, pero la incluye en una parte expositiva que no era sometida a votación. Por eso,
los expertos coinciden en que la resolución no equivale jurídicamente a una declaración unilateral de independencia.
¿Qué consecuencias tendrá el paso dado por el Parlamento catalán?
La votación cierra la puerta a una solución dialogada al conflicto. El Gobierno de Mariano Rajoy se limitará a seguir adelante con la intervención de la autonomía de Cataluña, un paso inédito que acordó el sábado y que el Senado en Madrid aprobó hoy.
El paso del Parlamento regional podría costar caro a Puigdemont. La Fiscalía General del Estado había avisado que, en caso de que se proclamara la independencia, presentaría una querella contra el líder catalán, su Gobierno y la Mesa del Parlamento por rebeldía, un delito castigado con hasta 30 años de prisión.
Ese riesgo podría explicar la fórmula ambigua encontrada para anunciar un "proceso constituyente" hacia la república en lugar de una declaración unilateral de independencia.
Otra posible consecuencia de la declaración es la apertura de grietas internas en el independentismo. El consejero del área de Empresa de "Govern", Santi Vila, renunció el jueves para mostrar su rechazo a la vía unilateral de Puigdemont, no compartida por todos sus seguidores.
¿En qué consistirá la intervención de la autonomía de Cataluña?
El
artículo 155 de la Constitución, nunca aplicado hasta ahora en 40 años de democracia en España, permite al Estado adoptar "las medidas necesarias" para forzar a una región a cumplir la ley. El Gobierno de Rajoy lo usará para destituir a Puigdemont y su Gobierno y convocar elecciones autonómicas en un plazo de seis meses.
También se espera que limite las competencias del Parlament, intervenga las cuentas de la región, la Policía regional (Mossos d'Esquadra) y las oficinas de representación extranjera de Cataluña, entre otras medidas. La intervención comenzará de forma gradual y será por tiempo limitado.
¿Cómo se aplicará la intervención?
Tiene un alto costo de imagen -motivo por el que Rajoy intentó evitarla hasta último momento- y fue presentada por el independentismo en Cataluña como un agravio y una "humillación".
La aplicación del 155 promete así ser conflictiva y recibida con protestas en las calles y resistencia social y política, con el consecuente riesgo de incidentes y actuaciones policiales. La Candidatura de Unidad Popular (CUP), el partido antisistema que apoya al Gobierno de Puigdemont, llamó ya a una "lucha no violenta" y a la "desobediencia civil masiva".
Diversos sectores convocaron también protestas y huelgas. El "Govern" aseguró además que sus funcionarios se negarán a obedecer "órdenes de Madrid".
¿Será Cataluña independiente?
No a medio plazo. Sin tomar en cuenta la intervención de Madrid que desbaratará el plan secesionista, la "república catalana" requeriría reconocimiento internacional y que España retirara su presencia en la región (jueces, policía, Ejército, funcionarios, etc.): dos condiciones que hoy nadie se plantea.
Incluso sin esos obstáculos, un nuevo país no puede crearse de la noche a la mañana. La nueva república tendría que crear su propia moneda o imprimir pasaportes. Cataluña carece de Ejército y solo cuenta con una Policía autonómica. La reciente fuga de más de mil empresas de la región muestra también los retos económicos que tendría el nuevo país.
La independencia además, divide a la sociedad catalana. Las encuestas muestran que algo más de la mitad la rechaza, aunque una mayoría que llegó a superar el 80% pide decidir en un referéndum legal y pactado con Madrid. Según datos del Gobierno catalán, un 43,03% del censo participó en la polémica consulta del 1 de octubre, suspendida por la Justicia y celebrada sin condiciones mínimas. El "sí" a la ruptura con España ganó por un 90%, en parte porque los partidarios del "no" boicotearon la votación.
