BUENOS AIRES.- La justicia argentina rechazó este jueves la apelación de la ex Presidenta Cristina Fernández y confirmó su procesamiento por asociación ilícita y fraude por presuntamente otorgar a un empresario concesiones de obras públicas valoradas en 2.200 millones de dólares.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -máximo tribunal por debajo de la Corte Suprema- ratificó así la decisión del juez federal Julio Ercolini dictada en segunda instancia en diciembre de 2016 y dejó "habilitada la vía para la realización del juicio oral y público", según explicó el Centro de Información Judicial (CIJ).
La justicia también corroboró un embargo por 10.000 millones de pesos (unos 565 millones de dólares) sobre los bienes de la ex Mandataria, que obtuvo inmunidad parlamentaria al ser electa senadora en las legislativas del pasado 22 de octubre.
La causa investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral, presidido por el empresario Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz (Patagonia) durante el mandato de Kirchner (2007-2015).
La justicia examina una estructura orientada a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación de la mayor parte de las obras viales de la provincia de Santa Cruz a favor de Báez por más de 46.000 millones de pesos (2.600 millones de dólares).
Junto a Fernández están procesados Báez, detenido desde abril de 2016 por otra causa, y el ex ministro de Planificación Julio de Vido, quien se encuentra bajo arresto desde hace 15 días por otra acusación, luego de que se le retirase la inmunidad parlamentaria que obtuvo como diputado en 2015.
"No soy amiga ni socia comercial de Báez", declaró hace un año la ex Presidenta tras ser indagada por el juez Ercolini.
El magistrado subrayó que a través de las licitaciones en Santa Cruz, donde los Kirchner forjaron su carrera política, la compañía del empresario ganó contratos por 2.200 millones de dólares durante el gobierno de la expresidenta.
La cifra arroja que el Grupo Austral se impuso en 78,4% de los concursos de adjudicación de obras.
El ex viceministro de Obras Públicas José López también está procesado por su presunta intervención en la asociación ilícita.
El ex funcionario fue arrestado en junio de 2016 cuando intentaba ocultar una bolsa de 9 millones de dólares en un convento de monjas de la periferia de Buenos Aires.
En otra investigación, Fernández negó la semana pasada ante un juez haber encubierto a iraníes acusados en Argentina del atentado contra el centro judeo-argentino AMIA que causó 85 muertes en 1994.
