SANTIAGO.- El 14 de enero de 2015, el fiscal argentino
Alberto Nisman presentó una denuncia contra la entonces Presidenta Cristina Fernández y otros funcionarios del Gobierno trasandino por encubrimiento en el marco de la investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en 1994. Sin embargo, cuatro días después de hecha la acusación, el persecutor fue hallado muerto en su departamento en Buenos Aires.
Casi tres años más tarde, el caso vuelve a tomar relevancia luego de que
el juez Claudio Bonadio decretara prisión preventiva para la ex Mandataria, pidiendo así el desafuero dada su condición de senadora, lo que deberá ser visto por el Congreso. Asimismo, ya están detenidos
el ex secretario de la Presidencia Carlos Zannini, el ex dirigente "piquetero" Luis D'Elía y el dirigente de origen libanés Jorge "Yussuf" Khalil, mientras que el ex canciller Héctor Timerman está bajo arresto domiciliario.
De este modo, el magistrado acusa a Cristina Fernández de "traición a la patria" y "encubrimiento agravado" ante el supuesto acuerdo entre su Gobierno e Irán para no enjuiciar a los autores del atentado que dejó un saldo de 85 personas muertas.
Pero, ¿cómo llegó el fallecido fiscal Nisman a estas conclusiones? Aquí lo explicamos.
Los detalles
En la acusación, de casi 300 páginas, el persecutor parte denunciando "la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa (AMIA), para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina, con competencia en el caso".
Así, esta decisión, según Nisman, fue tomada por la entonces Presidenta Cristina Fernández y llevada a cabo por el ex canciller Héctor Timerman, involucrando también a los ya mencionados D'Elía y Khalil, además del dirigente Fernando Esteche, el diputado Andrés Larroque y el ex fiscal federal Héctor Yrimia.
Toda esta orquestación estaría radicada en el
Memorándum de entendimiento firmado entre Argentina e Irán en 2013, en el que ambos países se comprometían a trabajar en conjunto para esclarecer los hechos ocurridos en 1994. Sin embargo, para la mayoría de la oposición trasandina, y también para el fiscal, este acuerdo no hace más que encubrir a los autores del delito.
De acuerdo al persecutor, las razones que habría tenido la Mandataria para dotar de impunidad a los criminales son claras: "acercarse geopolíticamente a la República Islámica de Irán y restablecer relaciones comerciales plenas de estado a estado para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante un intercambio de 'petróleo por granos'".
"Este acercamiento, que en sí mismo nada tiene de ilegal y está fuera de cuestionamiento, fue considerado inviable mientras subsistiera la acusación efectuada por la justicia argentina en la causa AMIA contra los ex jerarcas del régimen iraní. Entonces, para despejar el obstáculo, y he aquí lo delictivo, la Sra. Presidente ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes, contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar 'la inocencia de Irán'", agregó.
De este modo, Nisman aseguró que, gracias a las pruebas recolectadas, pudo concluir que el Gobierno de Fernández estableció un "canal de comunicación paralelo" de carácter "clandestino" que operó "como una diplomacia paralela", destinado a negociar con Irán, pudiendo así "llevar adelante el plan criminal, por expresas directivas y órdenes de la Sra. Presidente".
Esta "diplomacia paralela" habría estado conformada por personal de Secretaría de Inteligencia, el diputado Andrés Larroque, los dirigentes Luis D'Elía y Fernando Esteche y también por Jorge "Yussuf" Khalil, quien operaba como nexo entre Buenos Aires y Teherán. Según la acusación, este equipo era el encargado de transmitir los mensajes que enviaba Cristina Fernández a las autoridades persas.
"Cada paso del plan, cada mensaje presidencial y cada avance, fue consultado y comunicado detallada y minuciosamente al prófugo Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de la Embajada de Irán en Argentina para la época del atentado y cuyo poder decisorio, tanto en la comunidad iraní local como dentro del régimen, se ha mantenido incólume hasta la fecha. Es decir, más allá de los intermediarios puestos por ambos estados, los encargados que idearon y llevaron adelante este plan criminal, terminaron acordando sus ilícitos objetivos no solo con el estado que protege al terrorismo sino con el principal acusado terrorista, Moshen Rabbani", aseguraba la denuncia.
Pasaron cuatro días desde la presentación de este documento y el fiscal Alberto Nisman fue encontrado muerto en su departamento en Buenos Aires. En un principio, se habló de suicidio, sin embargo, un informe emanado hace unos meses por la Gendarmería Nacional estableció que el persecutor fue asesinado. Así, se abre una nueva incógnita respecto de este bullado caso.
Ahora, será el Senado argentino el encargado de dirimir el futuro de Fernández, sin embargo, medios locales afirman que no estarían los votos necesarios para lograr el desafuero.
