Diputada opositora Manuela Bolívar en las afueras de la morgue de Bello Monte en Caracas.
EFE
CARACAS.- Decenas de militares rodearon este miércoles la principal morgue de Caracas, a donde fue llevado el cuerpo del piloto Óscar Pérez, quien fue abatido el lunes pasado en una operación que buscaba capturar a quien era el hombre más buscado de Venezuela, por acciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
El acceso a la morgue de Bello Monte, al sureste de Caracas, fue restringido desde temprano por unos cinco cercos de policías armados y con escudos. En las cercanías, diputados opositores y activistas de derechos humanos exigieron la entrega del cuerpo de Pérez y de los otros seis miembros de su grupo, que también fallecieron en el operativo.
El diputado opositor Winston Flores, miembro de una comisión creada por el Parlamento -de mayoría opositora- para investigar lo ocurrido, aseguró que "la respuesta que recibimos fue que
no se van a entregar los cuerpos porque están a la orden de un tribunal militar".
Además, el parlamentario manifestó que las autoridades "han sido muy herméticas", y "no han querido entregar el informe de la autopsia"."Hubo un ajusticiamiento extrajudicial y queremos comprobarlo", aseguró.
Por su parte, la también diputada opositora Manuela Bolívar, quien fue agredida en las afueras del establecimiento por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) indicó que "esto es una suma de irregularidades (...) Hay un silencio, porque lo que hubo fue un homicidio a personas que estaban demandando entregarse, aún así vimos cómo cuerpos de seguridad continuaron hasta darle muerte".
En los 15 videos que difundió por la red social Instagram durante la operación, el ex policía Óscar Pérez afirmó que las autoridades les estaban disparando pese a que él y sus hombres querían entregarse.
Sin embargo, el ministro del Interior, general Néstor Reverol, aseguró que el piloto y sus acompañantes cayeron abatidos al abrir fuego contra las fuerzas de seguridad que buscaban capturarlos.
El operativo se desarrolló siete meses después de que Pérez, de 36 años, atacara desde un helicóptero edificios gubernamentales, en medio de una ola de protestas contra Maduro que dejó unos 125 muertos entre abril y julio de 2017.
El martes, la esposa del ex agente, Dana Vivas, le exigió al Gobierno por medio de Twitter "que permita identificar el cuerpo" a la familia, y aseveró que no autorizaban su cremación.
Por medio de un comunicado, la ONG Foro Penal recalcó que es deber del Estado "garantizar la vida, incluso la de aquellos que hayan sido señalados como autores o partícipes en hechos punibles sin incurrir en prácticas que puedan ser consideradas como ajusticiamientos o ejecuciones informales o como la aplicación informal de la pena de muerte, expresamente prohibida en Venezuela".
