Héctor Flores, El Mercurio
GINEBRA.- El Comité de la ONU sobre la Discriminación de las Mujeres celebró este lunes la promulgación en 2017 de la ley que legalizó en Chile el aborto en tres causales, pero pidió al país que despenalice por completo la interrupción voluntaria del embarazo.
En el informe que ha emitido tras examinar el cumplimiento por parte de Chile de sus obligaciones internacionales para eliminar la discriminación contra las mujeres, el Comité instó a que "se apliquen requisitos estrictos" para evitar que los médicos utilicen la objeción de conciencia como un pretexto para no realizar esas intervenciones.
Mencionó que estas situaciones se presentan particularmente en casos de adolescentes embarazadas.
El Comité, que revisó el informe periódico presentado de Chile sobre la discriminación que afecta a las mujeres y las medidas para erradicarla, se pronunció a favor de que el acceso a un aborto seguro incluya a mujeres de menos de 18 años.
Para las mujeres que han optado por un aborto, en particular cuando han sido víctimas de violencia sexual, pide que se les garantice atención psicológica.
En la misma área, el Comité recomienda que las mujeres tengan acceso a métodos anticonceptivos modernos, a precios asequibles, y que esto sea así tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
Frente a las informaciones que ha recibido sobre casos de esterilización forzosa de mujeres y niñas, particularmente cuando sufren trastornos mentales y otras discapacidades, el Comité pidió que, en aplicación de la legislación, se garantice que estas operaciones solo se hagan con el consentimiento informado de la paciente.
En casos que esto no se haya cumplido se reclama la sanción de los responsables y que la víctima reciba una compensación financiera.
Por otra parte, el Comité pide que "se acelere" la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas y que se mejore el diálogo con las mujeres de estas minorías para que participen plenamente en la creación y puesta en funcionamiento de esa entidad.
En este ámbito, reclama que se eliminen normas y costumbres que limitan el acceso de las mujeres indígenas a la propiedad de la tierra y que sean consultadas, como a los hombres, cuando se trate de decidir sobre su uso o el de otros recursos naturales.
