Un caso personal
Que Gary Prado esté implicado en este caso no es casualidad. Cuando el fiscal Marcelo Soza empezó a investigar a quienes se habían relacionado con Rózsa, él también fue detenido.
"En una de sus agendas encontraron escrito '30 guardias municipales', y como yo era funcionario municipal y bajo mi mando estaba la guardia municipal, creyeron que había un trato para proveerle hombres", relata.
"A los tres días me mandaron de vuelta con detención domiciliaria, con permiso de trabajo. Conmigo fueron más flexibles porque en realidad yo no tengo ningún tipo de vínculo en el caso, ninguno", dice. Cuando el fiscal se pronunció sobre los 39 acusados finales, su nombre ya no estaba, pero el de su padre sí.
Gary Prado padre es un general en retiro del ejército boliviano, y también quien dirigió la misión que capturó al Che Guevara en 1967. De todos los que participaron, es el único que queda con vida. Su nexo con Rózsa fue que le pidió una entrevista para hablar del hecho, porque trabajaba para una revista húngara.
"Está en la lista negra del Gobierno por eso, Evo le ha dicho 'el asesino del Che' en muchas oportunidades, siendo que él no lo mató, solamente lo capturó. Y lo han hecho padecer durante siete años en este proceso, todo llevado al extremo kafkiano", dice.
"Cuando parte esto yo no entendía nada, yo estudié Derecho pero no me titulé, porque me casé joven y empecé a trabajar. Entonces desempolvé mi tesis, pedí una hora en la Facultad y me hice abogado. Empecé siguiendo a un colega y a los imputados en la causa que no tenían abogado, les ofrecí representarlos", cuenta.
Hoy, a sus 53 años, dice que se dedica sólo a esto, que su familia le paga un sueldo —el mismo que ganaba hace 12 años— para que defienda a su padre, de 78 años. "No puedo dejarlo solo", explica, porque se encuentra en silla de ruedas desde los años 80 y las largas audiencias le han provocado escaras que han terminado en intervenciones quirúrgicas. Su padre se encuentra con detención domiciliaria.
Además de él, defiende a los que siguen en prisión preventiva, y es el abogado más antiguo en el caso.
Las irregularidades del juicio
Ahora Prado está sentado frente a una mesa de vidrio en la que acumula altos de hojas y sobres —la carpeta investigativa—, mientras enumera todas las irregularidades que ha visto en el caso. En primer lugar, los procesados empezaron a ser juzgados por un tribunal de La Paz, cuando los hechos pasaron en Santa Cruz. Trasladar el caso costó un par de años.
Cuenta también que el único testigo que declaró por la postura del artefacto en la casa del cardenal, Ignacio Villa Vargas, dijo haber sido contratado por los "mercenarios internacionales" para manejar el auto, y después desapareció de Bolivia antes de que lo detuvieran. Meses después, los periodistas lo encontraron en la calle y fue arrestado. Entonces cambió su declaración.
"Es un cuento de terror este proceso judicial. Tenemos un tribunal absolutamente permeable al Gobierno, hacen lo que les ordenan que haga, no tienen vergüenza de hacerlo"
Gary Prado
"Él dice que Rózsa no participó en el atentado del cardenal y que estaba en su hotel. En cambio, dice que en el auto llevaba a cuatro policías. Y los datos que da con relación a cómo hizo el recorrido coinciden con las torres de telefonía celular con las que se conectaba en el camino. También coinciden las características de los autos", dice.
Ahora abre Youtube y busca en su cuenta un video, donde la persona que graba se dirige a un hombre que está sentado en la parte trasera del auto. En la imagen se ve que ese hombre es Villa Vargas. Entonces le anuncia que le pagará 30 mil dólares aparentemente prometidos, y que como “un obsequio nuestro” le dará 1.500 más. "Cuídalos, no puedes estar jugando con la plata, eres un hombre viejo", le dice.
También le dice que cruce a Argentina y que no vuelva en, al menos, seis meses, porque si vuelve lo tomarán detenido. "Era un recibo de pago, pero como hay disputas políticas en el Gobierno se filtró el video. Lo han querido negar, han hecho lo imposible", cuenta Prado.
La carta del fiscal
Para Prado explicar el origen de los hechos es algo automático: “Esto es un caso políticamente motivado por el Gobierno y absolutamente irregular”, dice, y afirma también que fueron agentes del Gobierno los que infiltraron a Rózsa en Santa Cruz para "contaminar" a los líderes locales e implicarlos en el caso, y que "cuando les dejó de servir, lo mataron".
Y dice que la estrategia, que a su juicio buscaba amedrentar la oposición al Gobierno que residía en la ciudad, funcionó. "Nosotros éramos los leprosos, nadie se nos acercaba porque al hacerlo ponían en riesgo sus negocios, su familia. Estas movilizaciones que hay ahora se dieron después de nueve años en que nadie se había animado a nada", dice.
Para sustentar su tesis cuenta otro hecho, esta vez con respecto al fiscal que abrió la causa, Marcelo Soza.
"Él acusó a 39 personas, pero extorsionó como a 200, entre ellos a Zvonko Matkovic —padre de uno de los tres hombres que siguen en prisión preventiva— a quien le dijo 'yo soy el único que puede quitar o aumentar cargos'. Le sacó $ 90 mil dólares y le pidió 200 mil más. Entre realidad y mito urbano, circula que recaudó 4 millones y medio", cuenta.
Y también relata que el fiscal ya no se encuentra a cargo del caso, ni que tampoco está en Bolivia, sino que se encuentra en Brasil como refugiado político, después de que abandonara el país por haber sido acusado por extorsión, tras la filtración de un audio donde admite que pidió dinero.
“Al llegar se presentó ante un notario de fe pública en Brasil y elaboró una declaración que presentó para justificar por qué pedía refugio. Uno de nuestros abogados fue hasta Brasil, se apersonó al notario y solicitó una copia, la llevó a Cancillería brasileña para legalizar la firma y después al consulado boliviano, donde le dijeron que tenían que consultarlo con La Paz”, afirma.
Prado relata que hicieron una acción constitucional ante Cancillería para que resolvieron el tema y que les contestaron que no legalizarían la firma del notario “porque esa carta afectaba la seguridad del Estado”.
La carta se titula “Al pueblo de Bolivia”, donde Soza acusa una “verdadera persecusión política”. "He dirigido una investigación por amor a la unidad de nuestro país. Todos los excesos que se han cometido no son mi responsabilidad, como el operativo en el Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, donde murieron tres ciudadanos europeos", dice el texto.
"Autoridades del gobierno me pidieron en muchas oportunidades que realice acciones investigativas que vulneraban derechos, a lo que siempre me opuse. También me pedían que incluya en esta investigación a líderes cruceños sobre los que no tenía ninguna prueba", añade.
17 Acusados se fueron al exilio antes del juicio
También dice que "el soborno y la extorsión para comprar testigos falsos, realizado por Carlos Núñez del Prado, no fue mi responsabilidad".
Sin la legalización en Cancillería y con una fotocopia simple de la carta, los abogados hicieron un incidente para que se anulara la acusación.
"El tribunal nos dijo que como todo nuestro incidente estaba basado en una copia simple, no había validez legal y por lo tanto nos lo rechazaba. Eso fue el 2014. Este año estamos leyendo pruebas que aporta la fiscalía para acusar a nuestros defendidos en fotocopia simple", cuenta.
Un "cuento de terror" judicial
Mientras, el juicio avanza con una rapidez contradictoria: si bien todos los procesos tienen audiencias de media hora cada diez días, este juicio sesiona de lunes a viernes, mañana y tarde, semana por medio.
En las audiencias, dice, desde octubre están leyendo el listado de las llamadas telefónicas de los números que estaban en la agenda de Rózsa, donde hay extractos de todas las llamadas desde un mes antes de su llegada a uno después de su muerte.
Lo que se lee son los números de teléfono, la hora y la duración de la llamada, porque el contenido está protegido por la Constitución. "Se están leyendo los extractos de centenares de miles de números. Son 4.200 hojas y vamos en la 1.600. Es ridículo, nadie sabe lo que hablaron. Es así de bárbaro".
Mientras alguien lee todos esos números, los jueces revisan sus celulares o ven series series en Netflix.
"Es un cuento de terror este proceso judicial. Tenemos un tribunal absolutamente permeable al Gobierno, hacen lo que les ordenan que haga, no tienen vergüenza de hacerlo", cuenta, al tiempo que entrega algunos datos.
De los 39 acusados, 17 se fueron al exilio durante la investigación, 12 fueron detenidos y los otros 10 quedaron con medidas sustitutivas. Actualmente sólo tres siguen en la cárcel de Palmasola. De ellos, uno recibió arresto domiciliario por un problema degenerativo en la columna hace dos semanas, que aún no se hace efectivo, y otro se encuentra hospitalizado, engrillado a una camilla, con un cuadro de diabetes e hipertensión que subió su nivel de glucosa en más de 350 mg/dl.
Los otros se acogieron a un juicio abreviado donde para salir tenían que declararse culpables. También lo hicieron los otros dos europeos que fueron detenidos esa noche en abril de 2009, y gracias a la intervención de sus embajadas el Gobierno quitó de los cargos la palabra “terrorismo”.
Las familias de los acompañantes de Rózsa que murieron no están tranquilas, porque creen que sus hijos fueron asesinados sin motivo.
Por eso, dice Prado, el Gobierno no puede cerrar el caso: porque ambas familias presentaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El abogado espera que esas causas también avancen rápido.
