Koh concluye su alegato diciendo que Bolivia ha pedido a la Corte, en los hechos, que transforme la conducción de la diplomacia, de manera contraria al derecho e incluso al sentido común.

Koh destaca la trascendencia de este caso. Cuando los países quieren obligarse, lo hacen de manera bastante clara, sobre todo si lo que está en juego es la soberanía territorial. Los países vecinos siempre conversan: y todos quieren obtener algo del otro. Lo que aquí se decida sobre cómo se conduce la diplomacia es importante para todos.

Koh enfatiza que cada episodio de diálogo fue cerrado, hecho en términos diferentes. Entre ellos hay largos periodos de silencio e inactividad. No están unidos por un hilo único, o una "obligación de negociar". Bolivia ha intentado crear derecho a partir de la política. Esta visión complicaría el desarrollo de la diplomacia para todos los países. Nada está acordado hasta que todo esté acordado.

Koh puntualiza que las palabras importan, y especialmente cuando la soberanía territorial está en juego. Bolivia ha cambiado su posición para forzar el resultado de estos diálogos, porque ha cambiado su constitución, y frente a esta Corte ha caracterizado a Chile como un mal vecino, que tiene sangre en sus manos. Chile ha intentado dialogar con el vecino, y los contactos positivos en numerosas áreas de cooperación demuestran buena actitud. La historia es distinta al relato que se ha hecho frente a la Corte.

Harold Koh es una figura muy influyente, como ex consejero jurídico internacional de la administración Obama. En su alegato, sintetiza el trabajo de sus colegas de equipo, y sostiene que Bolivia y Chile han hecho diplomacia, pura y simple. Sin estar obligados a negociar, lo han intentado, varias veces, y no han alcanzado acuerdos: es decir, no han creado obligaciones. Lo que han existido son marcos políticos para esas discusiones.

Juratowitch subraya que Bolivia ha acudido a esta Corte no para retomar un diálogo pendiente, sino para forzar que cualquier diálogo tenga un resultado específico: acceso al mar con soberanía. Tanto la Constitución de Bolivia sobre la recuperación del litoral, como los pronunciamientos del Presidente Morales (fijando unilateralmente un plazo final para recibir propuestas de Chile sobre transferencia territorial, bajo amenaza de iniciar un caso a La Haya) evidencian tal propósito. 

Juratowitch termina su alegato puntualizando que Bolivia ha declarado que no aceptará nada menos que transferencia territorial, y que Chile ha dicho claramente que no transferirá territorio. Ésta es la razón de que se haya detenido el diálogo. Se ha vuelto fútil.

En esta sección, el alegato chileno destaca que la agenda bilateral "de 13 puntos" de la primera administración de Bachelet (que incluye una referencia al "tema marítimo") solo tuvo carácter diplomático y no jurídico, y que su tenor y contexto sugiere apertura frente a soluciones prácticas: no transferencia de soberanía, ni explícita ni tácitamente. Del mismo modo, no hay conexión coherente entre un proceso trunco y agotado (Charaña) y discusiones que se tuvieron veinte años más tarde, en un contexto totalmente diferente. Charaña no puede ser usado décadas después para alegar la existencia de una obligación ininterrumpida de negociar.

Juratowitch analiza el tenor usado en las últimas dos décadas de correspondencia diplomática entre Bolivia y Chile sobre "el tema marítimo". Puntualiza que ésta no menciona en ningún momento la "obligación de negociar" sino expresiones amplias de propósitos de avanzar, de manera práctica, realista y útil, en una agenda de futuro para el progreso de ambas naciones. "Tema marítimo", en particular es una expresión de una aspiración boliviana dirigida a satisfacer su audiencia nacional; pero entre las partes no hay nada que sugiera que ellas aceptaron al usarla, ad initium, la negociación de un acceso soberano.

Ben Juratowitch realiza la revisión de los intercambios diplomáticos desde los años 80 en adelante, los cuales reafirman la idea que el capítulo de Charaña se cerró de modo definitivo en 1978. La correspondencia de 1987, por ejemplo, dijo explícitamente que no habrían negociaciones sobre intercambio de territorio y que no se puede alentar la esperanza del pueblo boliviano al respecto. Luego del retorno a la democracia, en ningún momento la correspondencia de Bolivia sugiere que Chile tiene una "obligación de negociar" y que habría vulnerado tal obligación. La primera vez que Bolivia menciona esta teoría es en 2011, después de que ha comenzado el caso de Perú contra Chile, cuando Bolivia anuncia que iniciará ella misma un caso contra Chile. Juratowitch, por lo tanto, apunta a que estos argumentos son un artificio reciente que disfrazan una pretensión diferente, respecto de la cual la Corte ya ha dicho no tiene jurisdicción.

Mónica Pinto cerró su alegato reiterando idea central: que en vez de obligar a las partes a negociar, la OEA invariablemente pide o recomienda el diálogo. Nada de esto sugiere una obligación de tipo legal al respecto.

Es un orgullo escuchar el alegato de la internacionalista argentina Mónica Pinto, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y representante de Chile en este caso, haciendo quizás la exposición más elocuente y elegante de estos alegatos hasta ahora ¡Una inspiración para todas las abogadas!

El alegato de la abogada argentina Mónica Pinto se centra en demostrar que las resoluciones de la Asamblea General de la OEA no han creado una "obligación de negociar", porque son de carácter recomendatorio (como es natural en un foro de cooperación y no supranacional). Su carácter es de aspiración política, en un espíritu de fraternidad regional, sin alcance jurídico vinculante. Pinto destaca además que Bolivia aprovechó el aislamiento de Chile (por estar en dictadura) para difundir en la OEA la idea de Chile como opresor. Del mismo modo, Pinto sostiene que Bolivia omite, de manera reveladora, que desde el retorno a la democracia en Chile nunca volvió a presentar en la OEA un proyecto de resolución contra Chile por acceso al mar.

Wordsworth terminó su alegato aclarando hasta cuándo es obligatorio negociar (en cumplimiento del principio de buena fe y la solución pacífica de controversias). Sobre la base de jurisprudencia y doctrina, indica que la obligación se extingue cuando proseguir negociando se vuelve inútil, cuando ya se llegó hasta lo más lejos que fue posible - al punto muerto. Es esencial decir con claridad que negociar, si ha existido como "deber", no es una obligación legal a perpetuidad.

Wordsworth indica que Bolivia deliberadamente pasa por alto tanto la compensación discutida (que Chile ha siempre considerado esencial), el hecho que su ex jefe de Estado, Hugo Bánzer, reconoció que Chile tenía buena actitud en esos diálogos, y que finalmente, cuando el diálogo se frustró, fue Bolivia quien abandonó el diálogo sin nunca querer volver a dialogar sobre intercambio territorial. ¿Como podría sostenerse que las ofertas hechas en esta época, en el diálogo frustrado de esta época, existen a perpetuidad?, pregunta Wordsworth.

Wordsworth argumenta que en Charaña en 1975 y en años inmediatamente posteriores hubo una negociación frustrada: un intercambio de puntos de vista que no alcanzó el nivel de crear obligaciones vinculantes. La correspondencia que da cuenta de esos diálogos, como también los reportes de la prensa de la época, demuestran que las discusiones sobre posibles compensaciones de Bolivia hacia Chile buscan un quid pro quo, es decir, una ecuación nueva entre las partes, y no el pago de una deuda antigua. Se destaca también que en 1978 Bolivia abandonó las conversaciones.

El examen de Wordsworth del lenguaje usado en la correspondencia diplomática versus la propia conducta de Bolivia y Chile desde 1950 en adelante es extremadamente clínico. Ambos elementos muestran consistentemente que Bolivia y Chile tuvieron conversaciones infructuosas, donde las partes buscaban cada una sus propios intereses hacia una ecuación de mayor progreso material, de modo que las diversas instancias de diálogo no están ligadas a un caso histórico supuestamente no cumplido.

El abogado Wordsworth indica también que la conducta contemporánea de Chile, por su parte, evidencia que el país tampoco consideró que las expresiones políticas sobre diálogo en correspondencia diplomática (estar "llano a conversar" y similares) tenían algún contenido jurídico en sentido de obligación. En estos diálogos Chile busca sus compensaciones, como es normal, y no se llega a acuerdo formal entre las partes.