El agente de Bolivia concluyó su presentación asegurado que la causa contra Chile "no es hostil", y afirmando que no se trata de un caso irresoluble, y que de fallar la Corte en su favor esto "no causará un desorden mundial". Rodríguez Veltzé reiteró a la Corte la petición final de Bolivia: que declare que Chile tiene una obligación de negociar para dar acceso soberano al mar a Bolivia, que ha vulnerado tal obligación, y que ordene que sea cumplida de buena fe, de manera efectiva y en un tiempo razonable.

Bolivia ha acudido a la Corte, sostiene el co-agente Llorenti, no por mandato de su Constitución, sino porque el mismo derecho internacional permitiría corregir la injusticia de la situación de una Bolivia "sofocada", "cautiva", y "enclaustrada". Asimismo, sostiene que la negociación sería el cumplimiento de una promesa y al mismo tiempo una situación de ganancia para ambos países. Y que este punto de vista es compartido por muchas figuras internacionales importantes, desde el Papa hasta Premios Nobel, incluyendo al poeta chileno Vicente Huidobro, a quien se cita en apoyo a la posición boliviana.

El Coagente Llorenti sostiene que la "invasión chilena" tuvo lugar "en razón de intereses comerciales extranjeros" y tuvo lugar "para quitarnos nuestros recursos naturales". No obstante, esta circunstancia "no ha borrado el lazo emocional" y ancestral entre el pueblo boliviano y el mar.

Chemillier-Gendreau subraya que resulta imposible negar que desde finales de la Guerra del Pacífico, ambos Estados han "compartido el deseo de negociar un acceso al mar" para Bolivia. La jurista concluye su alegato en la línea de su alegato previo, usando fuertes calificativos para caracterizar la conducta de Chile. Sostiene que Bolivia fue "víctima de una injusticia", una "desmembración brutal", que está "escrita en el corazón de todo boliviano" y "también de los chilenos", y por eso se le pide a la Corte que "obligue a Chile a volver a la mesa de negociaciones" que abandonó en 2011. Al hacer esto, la Corte "cumpliría su fin de impartir justicia".

Bolivia acude a la Corte porque la negociación tiene que estar "en el marco del derecho", dice la profesora Chemillier-Gendreau. Su argumento es que si cada negociador tiene libertad total, todo sería posible, y se degradaría el principio de buena fe hasta perder sentido.

Lowe formula la pregunta, si no hay negociación entre las partes, dos países vecinos ¿qué propone Chile para solucionar este conflicto? El derecho internacional no puede quedarse silencioso. No hay un derecho para las partes a cerrarse a conversar. 

Es un abogado prestigioso, especialista en solución de controversias (autor de uno de los libros más importantes en la materia) y que lleva sobre sus hombros, como catedrático emérito de Oxford, la tradición del Derecho Internacional. En este alegato intenta mostrar como razonable la proposición de Bolivia, de una interpretación extremadamente generosa de la Carta de Naciones Unidas como creadora de obligaciones activas para la Corte en la promoción de la solución pacífica de controversias.

Hasta ahora, el alegato de Bolivia se concentra en la existencia de una disputa importante entre Bolivia y Chile, y que en relación a ella Chile ha asumido una obligación de conducta: la contracara de tal obligación, entonces, es el derecho de Bolivia a "mantener la negociación" con Chile. Sin embargo, Bolivia insiste que al "derecho a mantener negociaciones" tiene como fin, específicamente, "lograr un acceso soberano al océano Pacifico" - no obstante que la Corte ya dijo en su fallo anterior que tal resultado excede su jurisdicción y que no se pronunciará sobre ello. Mi opinión es que los litigantes han tenido que seguir los dictados del cliente, aunque esto signifique contradicciones importantes en el alegato.

Según el abogado Forteau, las diversas instancias de conversación sostenidas entre las partes sobre un nuevo tipo de acceso de Bolivia al mar no constituyen episodios diplomáticos aislados. Bolivia, desde 1895, ha mantenido, de forma continua, la aspiración de negociar con Chile un acceso soberano al mar; esta aspiración, tanto como el sentido del deber de Chile respecto de Bolivia para brindarle un acceso soberano al Pacífico, manifestados ambos en la correspondencia, lo que constituye el hilo conductor que une los intercambios de ambos países por más de un siglo.

Es cierto, como indica la abogada Sander, que la mejora de relaciones vecinales y disminución de la tensión entre Bolivia y Chile, es un tema de importancia para la región. Pero no me parece que el "aceptar" este hecho e incluso participar en conversaciones al respecto, para mejorar esas relaciones, constituye la fuente de una obligación jurídica, estando claro que la naturaleza propia de las resoluciones de las organizaciones internacionales (foros de cooperación) es de recomendación. Aceptar la recomendación de amigo(s) no obliga a nadie a hacer nada. Sostener lo contrario es estirar hasta el absurdo la naturaleza misma de lo que es la cooperación y el diálogo regional.

Remiro Brotons terminó su alegato argumentado que Charaña no fue una negociación frustrada, sino que alcanzó carácter de tratado cuyo objetivo principal habría sido iniciar negociaciones para otorgar a Bolivia un acceso soberano al mar. 

Me parece que el punto se hizo de manera demasiado somera: no fue justificado como podría explicarse el retiro de Bolivia de la mesa de negociaciones cuando éstas llegaron a un punto muerto. Tampoco hubo ninguna referencia al hecho de que Bolivia rompió relaciones diplomáticas. ¿Cómo podría considerarse que lo discutido en Charaña constituye un tratado, y que sobrevive hasta hoy? Charaña no fue un acuerdo "para obligarse a negociar". Charaña fue una negociación concreta (sobre acceso, sí), donde la oferta no encontró aceptación. Ninguna obligación nace de un proceso frustrado de esta manera.

Brotons argumenta, para afirmar que en derecho internacional no siempre los tratados tienen que llamarse literalmente así, "tratados", que el propio Chile se ha apoyado en esta idea, al punto que en el juicio contra Perú, presentó una serie de documentos bilaterales a los que llamó" tratados", señalando textualmente "la denominación no determina si es un tratado". Por lo tanto, las notas diplomáticas entre Chile y Bolivia que reflejan un acuerdo entre las partes, así como los documentos que reflejan acuerdos verbales, constituirían tratados, más allá de que en su momento no hayan sido enviadas(os) para su aprobación por parte del Legislativo de ambos países, lo que "no es tradición en nuestros países", dice Remiro Brotons.

"Ni Dios ni la Corona Española le otorgaron el litoral boliviano a Chile. La fuerza le otorgó ese acceso violando un tratado vigente", fue el comienzo de la exposición del profesor Remiro Brotons, insistiendo sobre la caracterización de Chile como un vecino cruel, como se dijo al inicio de los alegatos. Sostiene también que, según Chile, el lenguaje de los intercambios diplomáticos entre las partes no indica obligaciones jurídicas: "Para Chile no hay lenguaje que pueda implicar una obligación jurídica a menos que sea un lenguaje expreso y directo". Pero, subraya el jurista, bajo el principio de buena fe la palabra debe ser honrada, sobre todo si las expresiones en cuestión no son aisladas sino repetidas en el tiempo.

El abogado Remiro Brotons subraya que, cualquiera sea la motivación de los chilenos, incluso el ser sólo buenos vecinos, es un hecho que se han involucrado en negociaciones, en momentos diferentes, con o sin tiranos a la cabeza del país, hacia un objetivo claro: darle a Bolivia un acceso soberano. Estos compromisos se acumulan y demuestran la persistencia de la disputa entre las partes. Bolivia es entonces "un vecino digno, herido por una injusticia histórica", que ha esperado con ilusión, por más de un siglo, que Chile cumpla sus compromisos.

En la línea de tiempo centenaria de negociaciones han existido entre las partes diversas instancias de acuerdo sobre la negociación de un acceso soberano, "no obstante que Chile ha diluido sus compromisos con Bolivia en años más recientes", sostiene el abogado Akhavan.

El tenor de las las citas de correspondencia diplomática a las que se refiere el abogado Akhavan no muestra el tono perentorio que suelen tener las fuentes de obligaciones jurídicas. Sí pueden ser consideradas indicativas de "al menos una voluntad de resolver una disputa que obstaculiza las buenas relaciones entre vecinos" - esto lo dice el mismo abogado Akhavan.