BARCELONA.- Los tres partidos independentistas que suman mayoría absoluta en el Parlamento catalán aprobaron hoy dos resoluciones que piden respeto a los "derechos políticos" del ex presidente
Carles Puigdemont, incluyendo el de poder ser investido otra vez al frente del Gobierno regional.
Las resoluciones, que tienen un valor simbólico y no cambian la imposibilidad legal de investir a Puigdemont, fueron impulsadas por los soberanistas después de que el ex presidente regional fuera detenido el domingo en Alemania en virtud de una orden europea de detención activada por España.
El político de 55 años lleva cinco meses fuera de España, donde está procesado por un delito de rebelión vinculado al plan con el que intentó proclamar una república independiente, abriendo así una crisis institucional sin precedentes todavía abierta.
Con las resoluciones aprobadas hoy, los independentistas quisieron dejar claro que "no renuncian" a investirlo, si bien ese paso es virtualmente imposible desde un punto de vista legal porque el candidato a presidir el Gobierno regional debe asistir al pleno del Parlamento que debate y vota su investidura.
Las resoluciones piden también el respeto de los derechos políticos de otros dos candidatos independentistas fallidos a presidir el "Govern" catalán, los también procesados y detenidos Jordi Sánchez y Jordi Turull, y reivindican la posibilidad de investirlos.
También exigen la liberación inmediata de todos los políticos procesados por el plan independentista que se encuentran en prisión preventiva en Madrid: nueve en total, incluidos Sánchez, Turull y el ex vicejefe del Gobierno de Puigdemont, Oriol Junqueras.
Durante el tenso debate, los independentistas describieron una Cataluña sometida y con sus derechos políticos y civiles suspendidos. "La violación de nuestros derechos es sistemática. Está en riesgo nuestra integridad psíquica y física", sostuvo la diputada Anna Caula, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
El portavoz del partido antisistema Candidatura de Unidad Popular (CUP), Carles Riera, acusó a España directamente de "terrorismo de Estado" y abogó por convocar de inmediato un pleno para "investir a Puigdemont, hacer república y volver al camino de la dignidad nacional", asumiendo las responsabilidades legales de ese paso.
El contrapunto volvió a quedar en manos de la antiindependentista Inés Arrimadas, que ganó las elecciones del 21 de diciembre con su partido Ciudadanos pero no suma mayoría con otros partidos como para formar Gobierno. "Su opinión de que España es un país dictatorial y sin derechos no la comparte ninguna institución internacional", espetó a la bancada soberanista. "Salgan de la burbuja del 'procés', donde nadie piensa que España es un país totalitario".
