MANILA.- Boracay cerró este jueves sus puertas al público durante seis meses por orden del Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, una polémica medida que busca sanear esta conocida isla paradisíaca al precio de decenas de miles de afectados y pérdidas millonarias.
Con un despliegue de más de 600 policías para evitar incidentes, el Gobierno vetó desde la medianoche el acceso a este enclave -que ocupa 1.032 hectáreas a unos 300 kilómetros al sur de Manila- a todo el que no sea residente o carezca de una autorización especial.
El objetivo es convertir la isla cada vez más masificada -el año pasado recibió a dos millones de turistas- en "segura, viva y sostenible desde el punto de vista ambiental", expuso el secretario de Medio Ambiente, Roy Cimatu, el anunciar oficialmente la clausura.
La proliferación de algas en el agua producto de los vertidos incontrolados, el habitual desborde de los sistemas de desagüe y la acumulación de basura llevaron en febrero a Duterte a calificar Boracay de
"cloaca" y más tarde ordenar su cierre por seis meses.
La clausura ha estado envuelta en una fuerte polémica, ya que dejará sin ingresos a unas 36.000 personas, según estimaciones, además de conllevar cancelaciones masivas de vuelos y reservas hoteleras.
"La mayoría de mis familiares han perdido sus ingresos porque dependen del turismo en la isla", explicó a Efe la joven de 26 años F.S., natural de Boracay, que trabaja como cajera en la sucursal local de uno de los principales bancos de Filipinas.
En esta oficina bancaria, ubicada en la arteria principal de la isla, se agolparon desde primera hora de la mañana cientos de trabajadores para exigir el prometido cheque del Gobierno para cubrir el pasaje de regreso a sus localidades natales en otras regiones del archipiélago.
Al partir los barcos de regreso desde el único puerto operativo en el extremo sur de Boracay, quedaron vacíos los lugares antes repletos de turistas.
"La imagen de la playa esta mañana me recordó a cuando era niña, fue una sensación increíble", aseguró la joven, que prefiere mantener el anonimato.
Durante los próximos seis meses, el Gobierno pondrá en marcha una "solución de primeros auxilios" que incluye la renovación de los desagües, vertederos y calzadas, así como la demolición de "estructuras ilegales", según el secretario Cimatu.
Por su parte, Duterte, que había prometido un fondo de 38 millones de dólares para asistir a los afectados, declaró hoy oficialmente el "estado de desastre" en los tres barangays (unidades administrativas) de Boracay para agilizar los procesos de saneamiento y ayudas.
Empresarios y trabajadores locales organizaron protestas las pasadas semanas para reclamar al Gobierno que modernice la isla por fases en lugar de optar por la vía radical que causará pérdidas por un valor estimado de 56.000 millones de pesos filipinos (1.077 millones de dólares).
Aunque la mayoría de afectados han optado por resignarse, un pequeño grupo elevó al Tribunal Supremo una petición para revertir la orden de clausura al considerarla ilícita.
1.077millones de dólares es el monto estimado de las pérdidas que generará este cierre
"El Presidente ha cerrado Boracay sin emitir orden ejecutiva o ley alguna", declaró a Efe la letrada Krissy Conti, de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo (NUPL, por sus siglas en inglés), una organización progresista que ofrece asistencia legal a quienes han perdido sus fuentes de ingresos.
Conti acusó a Duterte, un político conocido por su carácter autoritario, de "hacer uso del poder ejecutivo de forma arbitraria, como de costumbre" y criticó duramente la "militarización" de la isla por el envío del contingente policial ante posibles incidentes, especialmente en la víspera del cierre.
La tarde de ayer, sin embargo, transcurrió de forma tranquila en la avenida marítima, donde los restaurantes a pie de playa despidieron por seis meses a sus clientes con una última ceremonia colectiva de fuegos y luces bajo el lema "Bye-bye Boracay".
