LONDRES.- La ministra de Interior británica, Amber Rudd, presentó hoy su dimisión tras varios días de polémica en el Reino Unido sobre el establecimiento de cuotas anuales para deportar a inmigrantes ilegales.
La oposición había pedido su renuncia en los últimos días tras la publicación en los medios británicos de documentos que indican que tenía conocimiento de esas cuotas, a pesar de que lo había negado en una comisión parlamentaria.
La Primera Ministra, la conservadora Theresa May, "ha aceptado esta noche su dimisión", según informó un portavoz de Downing Street, despacho oficial de la jefa de Gobierno.
Una carta enviada por Rudd a May en enero de 2017, revelada esta tarde por el diario "The Guardian", indica que la hasta ahora ministra se marcó como objetivo "incrementar la cantidad de expulsiones forzosas en más de un 10 % durante los próximos años".
El pasado miércoles, ante la comisión de Interior de la Cámara de los Comunes, Rudd aseguró que su ministerio no tiene cuotas marcadas para la deportación de inmigrantes, una posición que matizó al día siguiente en la Cámara baja.
Entonces admitió que se han establecido objetivos cuantitativos de uso "interno", pero aseguró que ella no aprobó esas medidas y que "nunca apoyaría una política que anteponga las cuotas a las personas".
La polémica había surgido al salir a la luz que Interior comenzó a aplicar cuotas de deportaciones cuando estaba dirigido por Theresa May, que le antecedió en el cargo.
Diane Abbott, portavoz de Interior del Partido Laborista, pidió el jueves en el Parlamento la dimisión de Rudd por "una cuestión de honor".
La diputada de la oposición afirmó que la ministra no podía mantenerse en el cargo "a no ser que ella solo esté ahí como escudo humano de May".
Tras conocerse la renuncia, el "número dos" laborista, Tom Watson, sostuvo que Rudd "está pagando el pato por la persona originalmente responsable de este escándalo, Theresa May".
El Gobierno conservador llevaba ya varios días envuelto en el escándalo sobre la llamada "generación Windrush", miles de personas que llegaron al Reino Unido entre 1948 y 1973 procedentes de países caribeños, que en los últimos años han visto como pasaba a ser inmigrantes ilegales a pesar de haber residido en el país durante décadas.
Un endurecimiento de la ley que promulgó May cuando estaba el frente de Interior hizo que esas personas debieran probar con documentos originales todos los años que han vivido en el Reino Unido, un trámite burocrático que algunos de ellos no pudieron cumplir.
A raíz de esa situación, algunos de ellos han perdido sus trabajos, han visto denegado el acceso a la sanidad, han recibido amenazas de deportación o no han podido regresar al Reino Unido tras visitar su país de origen.
