DUBLÍN (AP) - Irlanda centra ahora su atención en el Parlamento después de que sus ciudadanos aprobaron por una aplastante mayoría la retirada de la prohibición del aborto de su Constitución.
Ahora el parlamento debe elaborar nuevas leyes para gestionar las interrupciones del embarazo tras el rechazo popular a la Octava Enmienda en un referéndum celebrado el viernes.
Casi uno de cada dos votantes optó por poner fin al duro régimen antiabortivo impuesto en 1983. Requería que los médicos considerasen los derechos del feto, desde el momento de la concepción, como iguales a los de la madre.
En la práctica, esto había provocado que las irlandesas viajaran al extranjero para terminar su embarazo.
El rechazo a la enmienda en todo el país puso de manifiesto la creciente tolerancia a los asuntos sociales en un país de profunda tradición católica.
El Primer Ministro, Leo Varadkar, elogió la consulta como el inicio de una nueva era para Irlanda.
Señaló que será recordado como "el día en que Irlanda salió de las últimas sombras hacia la luz. El día que llegamos a la mayoría de edad como país. El día que ocupamos nuestro lugar entre las naciones del mundo".
Su gobierno propondrá permitir el aborto en las 12 primeras semanas de gestación. Todavía no está clara qué estrategia emplearán los contrarios al aborto en el parlamento en vista de la abrumadora mayoría que se mostró a favor del cambio constitucional.
Algunos esperan una intensa contienda en la cámara, donde en algunos sectores hay una férrea oposición a la reforma, aunque también es posible un debate más conciliador.
El decisivo resultado del referéndum se presentó como un triunfo histórico para los derechos de las mujeres. Las encuestas de salida mostraron que la anulación fue respaldada tanto en zonas rurales como urbanas, y tanto por hombres como por mujeres.
La iniciativa encontró un mayor apoyo entre los jóvenes, incluyendo quienes regresaron de sus empleos o estudios universitarios en la Europa continental para votar. El respaldo también fue elevado en los demás grupos de edad a excepción de los votantes de 65 años o más.
Desde 1983, la Octava Enmienda obligaba a las mujeres que querían abortar a viajar al extranjero para hacerlo, a dar a luz a hijos concebidos en violaciones o incestos o a tomar peligrosas medidas en casa para acabar con su embarazo.
