MADRID.- El tribunal español que decretó la libertad provisional para cinco hombres que abusaron en grupo de una mujer y se hacían llamar "La Manada" justificó su decisión en que la pérdida del anonimato de los agresores y la repercusión que alcanzó el caso hace "impensable" que vuelvan a delinquir, según documentos judiciales conocidos este viernes.
La Audiencia Provincial de Navarra descartó también que exista riesgo de fuga para los cinco sevillanos, en prisión provisional desde julio del 2016, y ordenó su puesta en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros (4,5 millones de pesos aproximadamente), una decisión que ha desencadenado más protestas convocadas en varias ciudades.
"La repercusión que ha tenido este caso y la presión que ha desatado han alimentado un rechazo social de tal magnitud respecto de los cinco acusados que ello permite cuestionar (...) ese hipotético riesgo de reiteración delictiva", dijo el tribunal.
El tribunal agregó que la pérdida del anonimato de los condenados en un caso que ha generado una indignación sin precedentes "hace poco menos impensable" que vuelvan a delinquir.
Los cinco hombres fueron condenados en abril a nueve años de cárcel por un abuso grupal a una joven madrileña en las fiestas de San Fermín de 2016, pero la sentencia no es firme, y la prisión provisional es una medida cautelar que no suele prolongarse más de dos años si no hay riesgo de fuga o de reiteración delictiva.
Tanto la acusación como las defensas anunciaron en su momento recursos contra el polémico fallo, por lo que el Tribunal Supremo es el que tiene que pronunciarse ahora sobre el caso.
En su decisión de ponerlos en libertad, la Audiencia Provincial consideró que el riesgo de fuga de los condenados podía subsanarse con otras medidas cautelares menos graves.
Los cinco hombres, que obligaron a realizar varios actos sexuales a una joven de 18 años contra su voluntad, fueron condenados por abusos y no por un delito más grave de agresión sexual, generando multitudinarias protestas e indignación en las calles que llevaron al entonces Gobierno del Partido Popular a anunciar que revisaría la tipificación de los delitos sexuales.
La decisión judicial provocó las primeras protestas en Pamplona y Barcelona la víspera, y el viernes organizaciones feministas convocaron a través de las redes sociales más concentraciones en varias ciudades españolas.
