MÉXICO.- Los mexicanos están convocados a las urnas nuevamente este domingo 1 de julio, para participar de los comicios federales. Unas elecciones en las que se elegirá tanto al próximo presidente como a legisladores, y que se dan en una de las épocas más críticas en términos de seguridad para el país.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) mayo de 2018 se convirtió en el mes más violento en México desde que se tiene registro (1998): se registraron 2.890 víctimas de homicidio en 31 días, lo que significa que cada jornada fueron asesinadas 93 personas.
Pero además, según el último informe de la consultora Etellekt, la suma de políticos asesinados durante la campaña electoral en México no ha dejado de crecer desde que comenzó oficialmente el proceso el pasado 8 de septiembre de 2017. Hasta este 16 junio, se contabilizaron 120 homicidios de políticos.
El aumento de violencia, que se atribuye al narcotráfico y el crimen organizado, ha generado una percepción casi generalizada en la población de que la impunidad prevalece sobre la justicia. Entre asesinatos y desapariciones constantes - casos como Tlatlaya y Ayotzinapa - femicidios y asesinatos de periodistas y actores políticos del actual proceso electoral, México busca en las urnas una salida para comenzar su recomposición.
200.000asesinatos se han registrado en las últimos 12 años en México
Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que
en los últimos 12 años México ha registrado un total de
200.000 asesinatos y 35.000 desaparecidos. Cifras
"similares a la (de países) que enfrentan conflictos armados internos; pero en México no tenemos un conflicto armado interno declarado como tal".
Estos niveles de violencia, señala, "no son propias de una democracia, ni de un entorno de normalidad (...) requiere medidas excepcionales y éstas deben pasar también por revisar lo que se ha hecho en los últimos 12 años", asegura.
Una guerra que no termina
La guerra contra el narcotráfico, que fue iniciada en la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) y continuada por el Mandatario Enrique Peña Nieto, ha desatado una crisis de violencia que parece no tener fin.
El Presidente Calderón decidió emplear a las Fuerzas Armadas para combatir a los carteles de la droga y en tareas de seguridad del fuero común, cuando las tasas de homicidios no habían activado las alarmas. Peña Nieto intentó desmarcarse de esta estrategia al principio de su mandato aunque jamás retiró a los militares de las calles y muy pronto se repitió el esquema de Calderón para combatir la violencia del narcotráfico.
El punto de quiebra del sexenio de Peña Nieto en materia de inseguridad y derechos humanos ocurrió durante el segundo semestre de 2014, con los casos de Tlatlaya y de Ayotzinapa. El 30 de junio de ese año, en Tlatlaya, Estado de México, 22 presuntos delincuentes murieron tras enfrentarse con militares, ocho de ellos después de ser capturados, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El 26 de septiembre de 2014, en tanto, 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa desaparecieron a manos de la policía del municipio de Iguala, Guerrero, en un caso que alcanzó resonancia mundial. Ayotzinapa hizo que las miradas de organismos de Derechos Humanos se posaran sobre México, debido además a investigaciones cuestionadas.
"La gente que vive en México se siente insegura, ya no cree en sus policías ni en sus instituciones", afirma Ixchel Cisneros, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos). "Simplemente no existe una estrategia de seguridad ni con Peña Nieto, ni la hubo con Felipe Calderón", añadió.
Para un país democrático, y "se dice que México lo es, pero no lo parece", es "una locura" hablar de estos niveles de violencia. Cisneros confía en que el próximo Presidente de México "cuente con una estrategia integral de seguridad" y tenga como prioridad mejorar las policías, la prevención de la violencia y el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles.
Sin embargo, en medio de un clima de impunidad que desalienta a la ciudadanía, los cuatro candidatos presidenciales apenas han tocado el tema y no han revelado su estrategia para reducirla.
"Es posible que en los próximos seis años las cosas no mejoren y al contrario, la situación podría empeorar", advierte Cisneros, quien junto con Aguirre espera que la presión ciudadana sea el catalizador que México necesita para exigirle a quien alcance el liderazgo del país una rendición de cuentas y que haya juicios por los crímenes del pasado.
