SANTIAGO.- Un escándalo político remece a Bolivia estos últimos días. El involucrado es
el ex Presidente Carlos Mesa, máxima figura de la oposición. ¿La razón? Un caso judicial que concluyó con el pago de parte del país vecino de
una millonaria indemnización a una empresa chilena y por el cual el cual la Fiscalía local responsabiliza al ex Mandatario, pidiendo que se inicie un juicio en su contra.
Se trata del llamado
caso Quiborax, una historia que, a 16 años de su inicio, ha desatado una tormenta en Bolivia, ya que por un lado existe un sector que ansía condenar al ex gobernante, mientras que el otro argumenta que
sólo se trata de una persecución política hacia quien se perfila como el mayor contrincante del Presidente Evo Morales en las próximas elecciones presidenciales.
Esto ha incrementado aún más la intensa polarización política que vive el país altiplánico, el cual en el último tiempo ha sido escenario de protestas en contra del manejo del Gobierno actual.
Los hechos
Todo comenzó en 2002, momento en que la minera chilena no metálica Quiborax comenzó los trabajos de explotación del mineral ulexita en el salar de Uyuni, región de Potosí, a través de la compañía local Non-Metallin Minerales S.A. (NMM), según consigna el medio boliviano Los Tiempos. Sin embargo, una serie de presuntas irregularidades llamaron la atención de las autoridades, que procedieron a fiscalizar.
Así, se llevaron a cabo seis auditorías, ordenadas por el Gobierno de Carlos Mesa (2003-2005). Entre las presuntas irregularidades se contaba una inversión de menos de un millón de dólares en la zona, así como la implementación de métodos artesanales, uso de mano de obra local barata e incumplimiento de la normativa boliviana.
US$42,6 millonespagó Bolivia a Quiborax
Esto llevó al Gobierno a decretar, el 23 de junio de 2004, la nulidad de de las 11 concesiones mineras de la empresa boliviana NMN, con capitales de Quiborax. Ante esto, y luego de infructuosas negociaciones, la compañía chilena demandó en 2006 al Estado boliviano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), entidad perteneciente al Banco Mundial, por prácticas ilegales y discriminatorias, exigiendo una indemnización de 150,8 millones de dólares.
En 2008, el Gobierno de Evo Morales inició una negociación con la empresa nacional, la cual suspendió el proceso. Sin embargo, éste se reanudó un año después tras no llegar a un acuerdo. Finalmente, en 2015, el Ciadi le dio la razón a la minera, decretando el pago total por parte del Estado boliviano de US$57,2 millones, costas incluidas.
En septiembre de ese año, Bolivia pidió la anulación de la sentencia arbitral, la que de todas formas fue rechazada por el Ciadi en mayo de 2018. De este modo, el pasado 7 de junio, el país vecino concretó el pago de US$42,6 millones a la empresa nacional.
La responsabilidad de Mesa
Desde hace tiempo que el Presidente Evo Morales había responsabilizado a Carlos Mesa de esta situación. De acuerdo al Mandatario, el también vocero de la demanda presentada contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no se ajustó a los procedimientos legales, lo que permitió que Quiborax reclamara un pago por sus concesiones.
Tanto así que, el lunes 9 de julio, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia un juicio contra el ex gobernante y tres de sus ministros por los supuestos delitos de "resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica".
la criminalización de la política"
Carlos Mesa: "(Esta es) la confirmación de lo que está viviendo Bolivia en términos de su democracia
Por su parte, Carlos Mesa negó las acusaciones y aseguró que este intento por enjuiciarlo busca
"evadir la responsabilidad directa" de la Procuraduría General de la República por una "desastrosa negociación" en el proceso de Quiborax contra el Estado boliviano.
En este sentido, tanto el ex Mandatario como partidos de oposición reclaman una "persecución política" en su contra, considerando que el vocero de la causa marítima es la figura política más popular del país y un serio candidato para desbancar al Presidente Evo Morales en las elecciones que se llevarán a cabo en 2019.
Así, Mesa sostuvo que todo esto es "la confirmación de lo que está viviendo Bolivia en términos de su democracia: la criminalización de la política".
Esta criminalización, según dijo, se efectúa a través de un "mecanismo que sustituye a la dictadura de botas y de charreteras, de tanques y de ametralladoras, por la persecución judicial a título de investigación y de cargas de defensa del Estado".
Ahora, el requerimiento de la Fiscalía será analizado por el Tribunal Supremo y luego revisado por el Poder Legislativo, de mayoría oficialista, que deberá aprobar o rechazar el inicio del juicio de responsabilidades.
