Durante su prolongada y fallida lucha por el poder, las guerrilla recurrió al rapto de personas con fines económicos y políticos. Su fundador Pedro Antonio Marín, alías Manuel Marulanda (con toalla amarilla en la imagen), murió en marzo de 2008.
AP (archivo)
BOGOTÁ.- Colombia abrió este viernes un histórico capítulo de justicia dentro de su conflicto. Por primera vez,
los otrora jefes rebeldes de las FARC se sentaron al banquillo para responder por miles de víctimas de secuestros, como parte del pacto de paz.
"Pedimos perdón a todas ellas, haremos hasta lo imposible porque puedan conocer la verdad de lo ocurrido, asumiremos las responsabilidades que nos correspondan", afirmó
Rodrigo Londoño (Timochenko), máximo líder de la que fuera la guerrilla más poderosa de América.
Londoño encabezó la primera diligencia de juzgamiento dentro del sistema especial pactado con el gobierno para reconocer a las cientos de miles de víctimas en más de medio siglo de enfrentamiento.
Al término de la comparecencia, el ex jefe guerrillero reafirmó ante la prensa los compromisos de contribuir "hasta donde sea posible" con la reparación de los afectados y de jamás volver a ejercer la violencia.
Durante su prolongada y fallida lucha por el poder, las FARC recurrieron al rapto de personas con fines económicos y políticos. Miles de rehenes, incluidos militares, policías y dirigentes como la franco-colombiana
Ingrid Betancourt, estuvieron encadenados hasta diez años en lo profundo de la selva antes de ser rescatados o liberados, y no pocos perecieron en cautiverio.
La fiscalía ha documentado 6.162 casos de secuestro, con 8.163 víctimas, que involucran a los rebeldes.
En este proceso, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) conocerá los delitos relacionados con esta práctica entre 1993 y 2012.
Los magistrados citaron a esta primera diligencia de reconocimiento a 31 responsables de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dentro de la causa 001 por "retención ilegal de personas".
Sin embargo, solo Timochenko y los también dirigentes Pablo Catatumbo y Carlos Lozada asistieron a la audiencia que se llevó a cabo en el norte de Bogotá.
"Exigimos verdad"
Como parte del acuerdo que desarmó a 7.000 combatientes y llevó a la FARC a convertirse en partido el año pasado, los rebeldes se comprometieron a confesar sus crímenes y reparar a las víctimas, a cambio de recibir un castigo alternativo a la cárcel y ejercer la política.
Si cumplen lo pactado y nunca más ejercen la violencia, purgarán penas de entre cinco y ocho años en un lugar distinto de la prisión que aún no ha sido definido. Si no, se exponen a condenas de 15 a 20 años de reclusión efectiva.
A las afueras del edificio, una veintena de personas a quienes se les impidió el ingreso a la diligencia, se congregaron en silencio y exhibieron fotografías de "secuestrados o desaparecidos" a manos de los rebeldes.
"La verdad es lo que más exigimos las víctimas. Que les rebajen las penas solo si nos dicen qué pasó con la gente de la fuerza pública que secuestraron y dónde está", señaló a la AFP Olga Rojas, viuda del sargento José Vicente Rojas que está desaparecido desde 1992.
Los militares que también participaron en el conflicto podrán acogerse voluntariamente a la JEP, al igual que los civiles que financiaron a grupos de ultraderecha.
El Mandatario saliente Juan Manuel Santos celebró el inicio de los juicios. Esto "es una señal muy importante, porque eso lo que significa es que todo eso que se había dicho de que eso iba a ser una paz con impunidad era una falacia", dijo el mandatario a la prensa.
Pese a que ha evitado unas 3.000 muertes al año, el acuerdo de paz fracturó a la sociedad colombiana. Una mitad defiende con vehemencia lo pactado, y la otra rechaza lo que considera generosas concesiones a la exguerrilla.
El presidente electo Iván Duque, quien asumirá el poder el 7 de agosto, venció precisamente en las urnas con la promesa de modificar parte del acuerdo para impedir que los jefes que sean hallan culpables de delitos atroces puedan ejercer como congresistas.
El pacto les garantiza una pequeña representación de diez escaños en el Congreso a partir del 20 de julio.
