SANTIAGO.- Cuarenta y siete días estuvo recluido un ciudadano chileno en una cárcel de Panamá, sin saber qué pasaba. Le decían que su captura, ocurrida en el aeropuerto de Ciudad de Panamá, había sido pedida por Uruguay, por una investigación de tráfico, por lo que la extradición era inminente. Todo esto, por un delito que nunca cometió.
La detención ocurrió el 16 de enero cuando el hombre, un antropólogo de 34 años cuya identidad no ha sido revelada, viajaba rumbo a Cuba de vacaciones. Fue en medio de una escala realizada en el aeropuerto de Ciudad de Panamá, donde fue detenido por la policía local. El sujeto no entendía nada, hasta que lo trasladaron a una sede judicial y le explicaron que sobre él pesaba una orden de captura internacional por una red de contrabando de medicamentos en Uruguay, según informa El Observador.
En Panamá, al hombre se le ofrecieron dos alternativas: aceptar la extradición o someterse a un juicio para determinar su envío a Uruguay. Él optó por lo primero, convencido de su inocencia, según reveló al citado medio uruguayo el abogado del chileno en el país sudamericano, José Luis González.
Llegó a Montevideo el 3 de marzo, momento en el que compareció ante la justicia, momento en el que se comprobó que no tenía implicación alguna en los hechos que se imputaban, sino que se había detenido a la persona equivocada. Después de eso, salió en libertad. Ahora, con su abogado prepara una demanda contra el Estado uruguayo por daños y perjuicios, exigiendo una indemnización de US$300 mil.
Los hechos
La detención ocurrió en el marco de una investigación iniciada en agosto de 2017 en Uruguay sobre contrabando de fármacos abortivos, la que dos meses después llevó a la detención de más de una decena de personas. Los sujetos confesaron que se dedicaban a la venta ilegal de misoprostol (fármaco que, utilizado de cierta manera, puede ser abortivo), el cual promocionaban a través de internet y vendían por teléfono a 6 mil pesos uruguayos (unos 125 mil pesos chilenos).
Fue ahí cuando una de las "clientas" interrogadas confesó que le compró los medicamentos a un chileno, para luego revenderlos. Este sujeto había ingresado ilegalmente el producto a Uruguay al menos dos veces. Así, gracias a esa declaración y a través de escuchas telefónicas, los investigadores determinaron que ese chileno se quedó en un hotel del centro de Montevideo.
De este modo, comprobaron que, en las fechas investigadas, hubo dos chilenos hospedados en ese lugar, con edades muy similares. Ante esto, la jueza penal Julia Staricco solicitó la captura internacional de ambos. Uno de ellos era el antropólogo, que había viajado en octubre de 2017 a la capital uruguaya a un congreso de su disciplina.
Así, se concretó su captura en Panamá. Todo esto sin saber que semanas antes, el 25 de diciembre de 2017, el otro chileno fue detenido por Interpol en el aeropuerto de Madrid, cumpliendo la orden de captura. El 15 de marzo llegó a Uruguay, instancia en la que admite su participación en la red de contrabando, donde dijo haber ganado US$3.800.
Ahí, llegó a un acuerdo con la fiscalía, siendo condenado a dos meses y 21 días de prisión, plazo que ya había cumplido en España. Es por ello que salió en libertad y volvió a Chile.
El sujeto inocente, en tanto, había declarado ante la justicia 12 días antes, instancia en la que presentó el certificado del congreso al que asistió en Montevideo, al mismo tiempo que ninguno de los testigos lo señaló como culpable. Tras ello, fue dejado en libertad.
Ahora, el hombre busca una indemnización por el daño causado, argumentando que esto también le trajo problemas laborales en Chile, puesto que la noticia pasó las fronteras. Por su parte, la jueza involucrada, Julia Staricco, afirmó a El Observador que pidió la extradición de ambos chilenos porque había pruebas suficientes para detenerlos.
