MADRID.- El Tribunal Supremo de España rechazó hoy la entrega del ex presidente del Gobierno catalán
Carles Puigdemont en las condiciones acordadas por la Justicia alemana, es decir, para ser juzgado solo por un delito de malversación de caudales públicos y no de rebelión.
Pablo Llarena, el juez que investigó el referéndum independentista ilegal celebrado en octubre en Cataluña, retiró así la euroorden de detención que en su momento cursó contra Puigdemont y que supuso su arresto en el norte de Alemania a final de marzo.
El magistrado destaca en su auto "la falta de compromiso" del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein "con unos hechos que pudieran haber quebrantado el orden constitucional español".
"Al actuar de ese modo, el tribunal de ejecución alemán ha adelantado un enjuiciamiento que no es coherente con la cristalización progresiva de la imputación, y lo hace desde un posicionamiento desacertado", expresó el juez español en su auto.
Llarena considera que el tribunal alemán debería haberse limitado a comprobar si los hechos descritos por la Justicia española están contemplados en la legislación penal de Alemania y si justificarían por ello que, de haber ocurrido los hechos en ese país, se impulsara una investigación penal semejante a la abierta en España.
En el auto, el magistrado del Supremo también señala que las circunstancias "no sólo cortocircuitan la operatividad" de un instrumento como la euroorden de detención, sino que deteriora "indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento".
Además de retirar la euroorden de detención contra Puigdemont, Llarena deja sin efecto también las cursadas contra otros cinco políticos independentistas investigados por la Justicia que salieron en su momento de España para evitar ser detenidos: Antonio Comin, Luis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Marta Rovira.
Puigdemont, destituido en octubre por Madrid a raíz de la escalada de su proceso independentista, fue detenido el 25 de marzo en un área de servicio del norte de Alemania en virtud de la orden de arresto europea emitida dos días antes por el Tribunal Supremo español.
Tras pasar 12 días en prisión, la Justicia alemana resolvió dejar al político soberanista en libertad bajo fianza a la espera de que se tomase una decisión sobre su posible entrega a España. El 12 de julio, el tribunal de Schleswig-Holstein aprobó la entrega del ex jefe del Gobierno catalán a España por un delito de malversación de fondos públicos, pero rechazó extraditarlo por rebelión, cargo más grave y penado con hasta 30 años de cárcel.
