El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera.
Reuters
SANTIAGO.- Luego de que el pleno del
Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia aprobara enviar al Parlamento la solicitud para abrir un juicio en contra del ex Presidente
Carlos Mesa en el marco del llamado
caso Quiborax, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aclaró que no revisará este tema durante la legislatura actual, dejando todo para después de 2019.
Así lo explicó el vicepresidente boliviano y presidente nato de la ALP, Álvaro García Linera: "La Asamblea Legislativa no va a tratar el tema de Carlos Mesa y el juicio por el caso Quiborax en esta legislatura, por un sencilla razón: tenemos acumulados varios pedidos de juicios de responsabilidades y el caso de Carlos Mesa irá al final", sostuvo, en declaraciones recogidas por El Deber.
"La Asamblea no va a tratar el tema del juicio de responsabilidades.
El señor Carlos Mesa que decida si es candidato o no es candidato. Puede ser candidato, no hay ninguna guillotina encima de él, que haga lo que quiera", remarcó García Linera, en clara alusión a la aspiración presidencial del también vocero internacional de la causa marítima, ya que figura como la principal alternativa de la oposición para vencer al Presidente Evo Morales en las elecciones de 2019.
En este sentido, la segunda máxima autoridad altiplánica criticó las acusaciones de Mesa de que es víctima de una persecución política, calificándolo como
"un político con delirio de persecución y figuración", por lo que con esta nueva noticia ya no podrá "tratar el juicio para victimizarse o figurar".
La respuesta de Mesa
En tanto, Carlos Mesa le respondió a García Linera y se defendió de sus críticas. "Señor vicepresidente, defenderme de acusaciones sin fundamento de quienes son responsables de daño al Estado no es hacer política, es enfrentar la maquinaria del ejecutivo que tiene al poder judicial a su servicio", afirmó en su cuenta de Twitter.
De esta forma, agregó que el Gobierno no tiene "el monopolio de la política", por lo que "como ciudadano tengo el derecho de hacer política cómo y cuándo quiera, en el marco de la ley, sobre todo para combatir el autoritarismo de su régimen defendiendo el 21F", aludiendo al referéndum que rechazó la posibilidad de que Evo Morales se presentara a una nueva reelección, lo que sin embargo fue desestimado por la justicia.
El miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia acogió la solicitud de la Procuraduría de abrir un juicio para determinar la responsabilidad de Carlos Mesa tras el fallo del
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que ordenó al Estado de Bolivia
el pago de US$42,6 millones a la minera chilena Quiborax por incumplimiento de contrato.
De acuerdo a la Procuraduría y la Fiscalía, el Gobierno de Mesa (2003-2005) incumplió las leyes y el procedimiento legal para expulsar del país a la compañía, a la cual en 2004 se le canceló las 11 concesiones para explotar ulexita en el Salar de Uyuni, lo que desencadenó la demanda de la empresa ante la Ciadi, que finalmente falló a favor de ésta.
Así, García Linera sostuvo que, si bien los representantes de Quiborax eran unos "piratas y maleantes", afirmó que "no se puede combatir un delito con otro delito".
Ahora, el proceso debe seguirse en el Parlamento, el cual ya anunció el retraso de éste.
