MANAGUA.- Los nicaragüenses que protestan contra el Gobierno del Presidente Daniel Ortega demandaron hoy la liberación de los "reos políticos" en medio de la crisis que sufre el país y que ha dejado centenares de muertos, mientras la CIDH pidió al Estado investigar cualquier acto de violencia conforme los estándares interamericanos de diligencia e imparcialidad.
Por segundo día consecutivo, los nicaragüenses se manifestaron en diferentes municipios de Nicaragua para demandar la libertad de los "presos políticos" detenidos en el marco de las protestas contra el Gobierno de Ortega, desde abril pasado.
En Managua, cientos de personas participaron en una actividad denominada Caminata por la Libertad que partió de la Rotonda Jean Paul Genie, en el sur de la capital, que se ha convertido en el lugar símbolo de los que protestan contra el mandatario.
La manifestación, convocada por la Articulación de Movimientos Sociales, consistió en un recorrido en un circuito cerrado de cinco vueltas entre la rotonda Jean Paul Genie y la rotonda Centroamérica, en la que la mayoría de asistentes iban ataviados con ropa deportiva y con la bandera de Nicaragua.
Otros iban en bicicletas, patines, motocicletas y hay quienes se hicieron acompañar de sus mascotas.
Durante la caminata pacífica portaron pancartas con mensajes en la que exigen la libertad de los "presos políticos" y fotografías de los que se encuentran detenidos.
Los movimientos opositores han denunciado que al menos 135 personas han sido "secuestrados" por las "fuerzas combinadas" del Gobierno, compuestas por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos afines, que las capturan sin orden judicial ni delitos comprobados.
Algunos de los "reos políticos" más conocidos son el líder campesino Medardo Mairena, el dirigente rural Pedro Mena, la comerciante Irlanda Jerez, el empresario Cristhian Fajardo, así como los jóvenes afrodescendientes Brandon Lovo y Glen Slate.
El cardenal Leopoldo Brenes lamentó "la cantidad de personas que están todavía en las cárceles" y abogó por su pronta liberación.
Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado investigar cualquier acto de violencia conforme los estándares interamericanos de diligencia e imparcialidad.
"La CIDH reitera a Nicaragua su obligación de garantizar la integridad de todas las personas. Asimismo, recuerda que cualquier acto de violencia debe ser investigado por el Estado con debida diligencia e imparcialidad, conforme a los estándares interamericanos", indicó ese organismo, en un mensaje en Twitter.
El Gobierno y la Policía Nacional, dirigida por Francisco Díaz, consuegro del mandatario, responsabilizan de las muertes ocurridas al "terrorismo golpista", en alusión a quienes protestan contra el Ejecutivo.
Este sábado, el Gobierno, a través de su portal oficial digital El 19, y la Policía reportaron la muerte de Lenín Mendiola, hijo de la dirigente campesina Benigna Mendiola, y responsabilizaron del crimen a "terroristas" que participaban en una marcha opositora.
Al respecto, la CIDH lamentó esa muerte que se dio en el contexto de las manifestaciones que tuvieron lugar en Matagalpa.
"Verdaderamente es triste porque durante la semana miraba como iba superando esto (los muertos)", dijo, por su lado, el cardenal Brenes, quien lamentó y condenó las dos últimas muertas ocurridas, tras una semana sin víctimas.
El otro fallecido es Darwin Ezequiel Rostrán Polanco, un hombre señalado como supuesto asesino de tres agentes de seguridad en junio pasado y que, según la versión policial, murió en un tiroteo con agentes del orden en Mulukukú (norte).
Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica que ha dejado, según diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre 317 y 448 muertos, pero el Gobierno cifra las víctimas en 197, convirtiéndose así en la más sangrienta desde la década de los años 80.
Las protestas contra Ortega se iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
