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Empresario argentino admite el pago de US$600 mil por la firma de un decreto de Cristina Fernández

En el marco de la investigación por los "cuadernos de las coimas", Gabriel Romero afirmó que los sobornos los hizo para que a su empresa se le ampliara la concesión de la ruta navegable de los ríos Paraná y Paraguay.

17 de Agosto de 2018 | 13:03 | Redactado por Ramón Jara A., Emol
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Agencias
SANTIAGO.- Surgen los primeros resultados positivos en la investigación que sigue la justicia argentina sobre los llamados "cuadernos de las coimas", luego de que un empresario admitiera haber pagado al Gobierno de Cristina Fernández para que ésta firmara un decreto que lo beneficiaba.

La confesión la hizo Gabriel Romero, titular de la compañía de transporte de carga marítima y terrestre Emepa, quien afirmó haber pagado 600.000 dólares para que se le renovara por decreto la concesión de la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay, canal navegable entre ambos ríos que conecta la costa Atlántica trasandina con la ciudad de Asunción, según informó La Nación.

Dicho decreto, que fue firmado en 2010 por la entonces Presidenta Fernández, el vicepresidente Amado Boudou, el ministro de Planificación Julio De Vido y el jefe de Gabinete Aníbal Fernández, ordenaba extender por ocho años más a la empresa Hidrovía, donde tenía participación Emepa, la concesión de la mencionada ruta, por donde circula el 20% del transporte de carga de Argentina.

Así, Romero le aseguró al fiscal Carlos Stornelli que para lograr la extensión de la concesión realizó dos pagos de 300.000 dólares: el primero un día antes de la publicación del decreto en el Boletín Oficial y el otro unos días después.

Del mismo modo, el empresario reveló que le daba al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime un retorno del 10% al 15% de los subsidios recibidos por su empresa Ferrovías, además de una cuota anual de 500 mil dólares para afirmarse en el control de los negocios en materia de transporte.

De acuerdo a La Nación,esta confesión significa un paso importante en la investigación que lideran el fiscal Stornelli y el juez Claudio Bonadio, ya que es la primera vez que se puede asociar un pago ilegal de parte de una empresa con la elaboración y aprobación de un decreto de parte del Gobierno.

Romero ya había sido investigado antes por la jueza María Servini de Cubría y el fiscal Gerardo Pollicita por la extensión de la concesión de la Hidrovía, sin embargo, se encontraba libre por falta de pruebas suficientes para procesarlo ni para sobreseerlo.

Ahora, con la revelación del empresario, se espera que ésta se incorpore a la causa que sigue Servini de Cubría.
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