BUENOS AIRES- La justicia argentina está a la espera de que el Senado de ese país autorice este miércoles el allanamiento de las tres residencias de la ex Presidenta Cristina Fernández, un paso más en la causa que investiga millonarios sobornos para adjudicar contratos de obra pública.
El Senado debe reunirse a partir de las 14:00 horas para autorizar el allanamiento solicitado por el juez Claudio Bonadio, pues la ex Mandataria, electa senadora en 2017, está amparada por los fueros parlamentarios.
Miles de personas se manifestaron frente al Congreso la noche del martes, horas antes del debate parlamentario, para reclamar que se autoricen los allanamientos y también que se le retire la inmunidad parlamentaria.
"¡Cárcel a Cristina!", "¡que devuelvan la plata!", fueron algunas de las consignas de los manifestantes.
Debido a sus fueros, Fernández no puede ser detenida, pero se la puede imputar y condenar.
Una sesión la semana pasada en el Senado para evaluar el pedido de Bonadio fracasó por falta de quórum, pero esta vez se da por descontado que habrá reunión en la Cámara y que la solicitud será aprobada.
Incluso, Fernández publicó el martes una carta en la que se declaró dispuesta a que se allanen sus domicilios de Buenos Aires, Santa Cruz y El Calafate, estos dos últimos en el sur del país, aunque pidió al Senado que prohíba la presencia de cámaras durante los procedimientos.
En busca del dinero
Fernández, quien sucedió a su esposo Néstor Kirchner en la presidencia en 2007, es la persona de más alto rango involucrada en el escándalo conocido como "los cuadernos de las coimas", que indaga presuntos sobornos de importantes empresarios entre 2005 y 2015 para obtener contratos de obra pública.
La causa judicial se inició hace un mes sobre la base de apuntes tomados por un ex chofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno, quien supuestamente hizo durante esos diez años recorridos por Buenos Aires para llevar y traer bolsos cargados de millones de dólares.
El departamento de los Kirchner en Buenos Aires, así como la residencia presidencial de Olivos y la Casa Rosada, sede del gobierno, figuran en esos cuadernos como puntos de entrega de los bolsos.
El juez busca pistas sobre dónde podría haber quedado el dinero, supuestamente recibido siempre en efectivo.
A los apuntes del chofer se sumaron luego las confesiones de varios empresarios detenidos que decidieron acogerse ante la justicia bajo la figura del arrepentido y más recientemente dos ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas.
Además de esta causa, Cristina Fernández enfrenta otros cinco procesos judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito y por encubrimiento a iraníes acusados del atentado a la mutual judía AMIA en 1994 que provocó 85 muertos y 300 heridos.
La ex Presidenta se considera una "perseguida política" y asegura que el pedido de allanamiento de sus domicilios es "un show".
