SANTIAGO.- Amnistía Internacional (AI) publicó este jueves su nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y asegura que se habrían registrado 8.200 presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y junio de 2017.
La cifra fue revelada en el reporte "Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela", realizado por la ONG y que recopila una serie de datos entregados por fuentes oficiales y no oficiales. El número de supuestas ejecuciones extrajudiciales fue brindado por la Fiscalía General de la República, en funciones hasta 2017, cuando fue removida por mandato de la Asamblea Nacional Constituyente, de corte oficialista.
El informe también asegura que en 2016 se registraron 21.752 asesinatos y entre 65.000 y 87.000 afectados por la violencia. Mientras, en
2017 - según organizaciones no gubernamentales en la zona - la
tasa de homicidios fue de 89 casos por cada 100 habitantes. Una cifra que supera lo publicado por el Gobierno venezolano, que sostiene que fueron 62 personas por cada 100 mil habitantes.
Para la ONG, Venezuela "parece estar atrapada y sin salida" en una realidad de violencia sólo superada a nivel mundial por Siria, que padece un conflicto bélico desde 2011. "El número de homicidios en Venezuela es superior a los que tienen países en guerra", afirmó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Además, AI asevera que un 95% de las víctimas de homicidios registradas durante el año pasado – tanto a manos de delincuentes como de la policía – fueron hombres entre 12 y 44 años de edad que vivían en los barrios más pobres del país.
"El Gobierno del Presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país. Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar", dijo por su parte Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional en las Américas.
Esta situación, entre otras "violaciones a los derechos humanos", indicó la organización humanitaria, provocó el desplazamiento de más de 1.600.000 de venezolanos desde 2015, mayoritariamente a países de Sudamérica.
En este sentido, la
ONG instó al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro a instaurar urgentemente un plan nacional en el que se regule el uso proporcional de la fuerza y las armas por parte del aparato policial, y que garantice el respeto a los derechos humanos de los habitantes.
"Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usen un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares", añadió Rosas.
Según el reporte, el objetivo de este documento era crear un panorama sobre la seguridad ciudadana, mediante el análisis del cumplimiento de "las obligaciones de garantía de la seguridad, la vida y la integridad de las personas por parte del Estado".
