El Presidente boliviano, Evo Morales, junto al presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas.
EFE
LA PAZ.- A casi una semana del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que desestimó la demanda boliviana y resolvió que Chile no tiene obligación de negociar una salida soberana al mar con el país altiplánico, las repercusiones siguen apareciendo.
Esta vez, fue la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la asociación gremial más grande del país en el rubro, la que pidió construir una política nacional de puertos para disminuir la dependencia que tiene el comercio exterior boliviano de los puertos chilenos.
"Tenemos que pasar del lamento y las justificaciones a la acción, y eso necesariamente pasa primeramente por la definición de una política de Estado", señaló el presidente de la CEPB, Ronald Nostas, a través de un comunicado.
Tras el fallo, expertos en comercio exterior y el propio Gobierno boliviano han hablado de potenciar otras opciones para el comercio exterior del país, que en la actualidad se mueve mayoritariamente por puertos del norte chileno.
Nostas aseguró que Bolivia tiene alternativas portuarias y puede "abrir nuevos espacios en países con acceso a los océanos Atlántico y Pacífico". Entre ellos, mencionó un puerto soberano sobre el río Paraguay, el acceso preferencial en el puerto peruano de Ilo, concesiones portuarias en Argentina y Uruguay y el acceso a un puerto sobre el río Madera.
"Por eso mismo debe implementarse una política general que incluya normas de gestión y administración, mecanismos de promoción y financiamiento, aplicación de preferencias arancelarias y puertos secos, además de espacios de coordinación y protección", señaló.
Para el empresario, una eventual política de puertos debe tener articulación pública y privada, y un mecanismo de planificación y evaluación conjunta que incluya a sectores como los exportadores, importadores, transportistas, productores y despachantes de aduana.
A su juicio, organismos como la Cancillería, el Ministerio de Obras Públicas, la Administradora Boliviana de Servicios Portuarios y la Aduana Nacional deberían representar al sector público, además de insistir en la necesidad de incluir al sector privado en el debate.
