SANTIAGO.- La noche del 4 de noviembre de 2017, la Cancillería chilena anunciaba el ingreso en calidad de refugiado a su embajada en Caracas del dirigente opositor y entonces vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela,
Freddy Guevara, quien pidió protección ante las "inminentes amenazas a su seguridad e integridad personal" luego de que la justicia de su país pidiera enjuiciarlo.
La medida se sumaba a la ya tomada con otros cinco personeros ligados a la oposición que acusaban una persecución de parte del Gobierno de Nicolás Maduro. La mayoría de ellos ya dejó la sede diplomática y se encuentra fuera de su país. No es el caso de Guevara, que a un año de llegar a la residencia ve cómo su situación se complica.
Y de esto se han hecho eco funcionarios venezolanos y extranjeros, como es el caso del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien aseguró ayer que "el pedido de captura contra Freddy
fue otro atropello contra las instituciones democráticas y una muestra más de su persecución contra la oposición que era mayoría en el Poder Legislativo".
Actualmente, el parlamentario del partido Voluntad Popular se encuentra en el inmueble ubicado en el sector de Country Club de la capital venezolana junto al presidente del partido social cristiano Copei, Roberto Enríquez, mientras las acusaciones en su contra crecen y las posibilidades de conseguir un salvoconducto y salir del país son prácticamente nulas.
Y no tan sólo eso, ya que en estos 12 meses Guevara también ha sido testigo del recrudecimiento de las relaciones entre La Moneda y el Gobierno venezolano, hechos que de una u otra forma también le afectan.
Los hechos internos en Venezuela
Pocos días después de ingresar a la embajada chilena, el 7 de noviembre de 2017 la Asamblea Constituyente de Venezuela aprobó la solicitud del Tribunal Supremo de desaforar al diputado Freddy Guevara y así someterlo a juicio por los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescentes para delinquir.
La justicia aseguró que
el diputado es responsable de estos crímenes al convocar a las masivas marchas en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, que entre abril y julio del año pasado dejaron unos 125 muertos. Así, según el fiscal general Tarek William Saab, estos llamados "promovieron acciones de muchísimo peligro que pudieron haber culminado con una guerra civil (...) y un baño de sangre muchísimo mayor".
Al respecto, Guevara aseguró que "esos usurpadores del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fiscalía General me acusan de delitos que no he cometido, pero motivados por hechos que yo reconozco. Yo sí llamé a la protesta, yo sí llamé a la calle y creo en la desobediencia civil. La convoqué y la volveré a convocar".
Corrían los meses y, a medida que las posibilidades de llegar a un acuerdo entre el Gobierno y la oposición disminuían, este último sector también sentía el golpe de no alcanzar mayores logros y
evidenciaba una crisis interna, que actualmente la tiene completamente fracturada y sin un liderazgo claro. Esto, pese al crecimiento del repudio internacional a la administración de Maduro, que logró la reelección en unos comicios fuertemente cuestionados el 20 de mayo, donde el conglomerado opositor decidió no participar al considerar el proceso de "viciado".
Asimismo, este año también fue escenario del presunto ataque al Presidente venezolano ocurrido el pasado 4 de agosto en un acto público, hecho que fue catalogado por el oficialismo de un "intento de magnicidio", responsabilizando a dirigentes opositores de tramar el atentado, entre ellos el ex presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, quien se encuentra exiliado.
Los hechos en Chile
Del mismo modo, Guevara ha sido testigo de una serie de conflictos en las relaciones entre Chile y Venezuela, que ciertamente podrían incidir en su situación. Tras la llegada al poder del Presidente Sebastián Piñera aumentó la presión de La Moneda a Caracas, que la ha acusado de intromisión en sus asuntos internos.
Así, el primer hecho tuvo que ver con
la no designación de un embajador de Chile en Caracas tras la salida de Pedro Ramírez, decisión tomada como una forma de manifestar su rechazo hacia la crisis en Venezuela. De este modo, la legación quedó al mando del ministro consejero y encargado de negocios,
Roberto Araos.
Pero sin duda que el episodio que más conflicto ha generado fue la acusación hecha por el Gobierno de Maduro contra Chile, México y Colombia de colaborar en el supuesto atentado contra el Mandatario. Esto, luego de que uno de los detenidos por el hecho, identificado como Henryberth Rivas Vivas, habría dicho que recibió instrucciones para contactarse con un funcionario de la embajada chilena, quien lo ayudaría a trasladarse a Colombia.
"Tiene que explicar la embajada de Chile por qué un asesino, un terrorista (...), recibe la instrucción (...) de que se dirija a la embajada", dijo el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez.
De la misma forma, Nicolás Maduro señaló que "hay gobiernos como el de Chile que está embarrado, bien embarrado en esta operación.
Cada vez aparecen más elementos de sectores del gobierno chileno de Sebastián Piñera, involucrados y embarrados en esta operación". La denuncia fue tajantemente rechazada por Chile.
Mientras, Guevara sigue esperando, en una situación que, al menos por ahora, se ve bastante complicada.
