García denunció la semana pasada que el sistema judicial estaba "descabezado" por una supuesta intervención gubernamental, pero el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, rechazó sus afirmaciones.
Reuters
LIMA.-
Perú entregó este martes al
embajador de Uruguay una nota en que destaca que en el país
rige el estado de derecho y la separación de poderes, tres días después de que el ex Presidente
Alan García pidiera asilo alegando ser víctima de una "persecución política".
El Mandatario peruano
Martín Vizcarra se había comprometido el domingo con su par uruguayo
Tabaré Vázquez a enviarle antecedentes para que resuelva el pedido de asilo de García, quien permanece en la embajada uruguaya desde el sábado después que la
justicia le prohibiera salir de Perú mientras se investigan presuntos actos de corrupción ligados a la empresa brasileña
Odebrecht.
"La nota recalca que en el Perú impera la democracia, el estado de derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales", dijo la cancillería peruana en un comunicado.
"Puntualiza que en nuestro país no existe persecución política de ningún tipo. Asimismo, precisa que el Poder Judicial y la fiscalía han actuado en el caso del ex Presidente García con respeto estricto al debido proceso y a todas las garantías" constitucionales, añade.
La nota diplomática fue entregada por el vicecanciller peruano
Hugo de Zela al embajador
Carlos Barros en la sede de la cancillería peruana.
La justicia peruana prohibió que García salga del país por 18 meses luego que la fiscalía ampliara una investigación por supuestos sobornos pagados por Odebrecht para adjudicarse un millonario contrato para la construcción de la primera línea del metro de Lima durante su segundo mandato (2006-2011).
En Washington, las organizaciones de derechos humanos WOLA y CEJIL expresaron el martes su preocupación por el pedido de asilo de García, afirmando que es "una táctica para eludir la justicia".
"El Poder Judicial impuso un impedimento de salida del país por 18 meses mientras era investigado por su posible involucramiento en lavado de activos y colusión", dijeron ambas organizaciones en un comunicado conjunto en alusión a García.
"Es de suma importancia que no se permita la desnaturalización del derecho al asilo político, particularmente, por aquellas personas que han sido sometidas a una investigación justificada por actos de corrupción", expresaron WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) y CEJIL (Cetro de Justicia y el Derecho Internacional).
García, de 69 años, denunció la semana pasada que el sistema judicial estaba "descabezado" por una supuesta intervención gubernamental, pero el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, rechazó sus afirmaciones.
