WASHINGTON.- Un juez federal de Estados Unidos bloqueó un decreto que restringía las peticiones de asilo, lo que significó un revés para el presidente Donald Trump, que instaló la medida mientras miles de migrantes centroamericanos avanzan desde hace semanas hacia la frontera sur del país.
El juez de distrito Jon Tigar, en San Francisco, suspendió un decreto firmado el 9 de noviembre por Trump que establecía que solo podían pedir refugio en Estados Unidos las personas que entren por puestos de control oficiales, y no los que crucen de manera clandestina.
"Es una vergüenza", sostuvo el martes Trump, acusando de injusticia al tribunal que pertenece Tigar y refiriéndose al magistrado, que fue nombrado por el ex Presidente demócrata Barack Obama, como "juez de Obama".
"Ganaremos ese caso en la Corte Suprema de Estados Unidos", aseguró Trump.
La orden de Tigar, emitida a última hora el lunes, tiene alcance nacional y se mantendrá hasta que la corte se pronuncie sobre el tema de fondo, para lo cual el magistrado fijó una primera audiencia el 19 de diciembre próximo.
"Cualquiera sea el alcance de la autoridad presidencial, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso prohibió de manera expresa", dijo Tigar, señalando que la medida de Trump representa un "conflicto irreconciliable" con la Ley de inmigración y nacionalidad (INA en inglés) de 1965.
Por su parte, Tigar manifestó que actuó en respuesta a las demandas de varias organizaciones, entre ellas la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que celebró la decisión del juez.
"Esta prohibición es ilegal y pondría en peligro la vida de las personas. Bloquearla es un paso crucial para combatir los ataques del Gobierno contra los solicitantes de asilo", expresó en Twitter.
Un bloqueo "absurdo"
La Administración Trump, que dice que por razones de "seguridad nacional" es importante controlar la inmigración, consideró "absurdo" que los activistas busquen frenar al Gobierno federal.
"Nuestro sistema de asilo está roto, y cada año abusan de él decenas de miles de reclamos sin mérito", señaló una declaración de los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior, recalcando que el asilo es un "beneficio discrecional" que otorga el Poder Ejecutivo.
"Esperamos seguir defendiendo el legítimo y bien razonado ejercicio del Poder Ejecutivo de su autoridad para abordar la crisis en nuestra frontera sur", sentenció.
Por otro lado, en una visita a California, en la frontera suroeste de Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, sostuvo que "la crisis es real y está justo al otro lado de este muro".
"Esta administración no tolerará ninguna solicitud de asilo absurda o entrada ilegal. (...) Si usted ingresa a este país sin autorización infringe la ley de Estados Unidos, y será arrestado, procesado y expulsado"
Kirstjen Nielsen
Nielsen también amenazó a los migrantes: "Esta administración no tolerará ninguna solicitud de asilo absurda o entrada ilegal. (...) Si usted ingresa a este país sin autorización infringe la ley de Estados Unidos, y será arrestado, procesado y expulsado".
Según las leyes vigentes en EE.UU., cualquier extranjero que pise suelo estadounidense es apto para solicitar asilo y no puede ser deportado inmediatamente. Si se encuentran razones fidedignas para la solicitud de refugio, el solicitante queda en libertad hasta ser citado por el tribunal que decide sobre su caso.
La Administración Trump cuestiona esto, señalando que muchos desaparecen mientras su caso ingresa al sistema judicial, sumándose a las filas de inmigrantes indocumentados. Menos del 10% de los casos resultan con la aceptación del asilo, según el Gobierno.
Pero organizaciones humanitarias y críticos de Trump afirman que al restringir el derecho a asilo, la administración cierra las puertas a quienes realmente escapan de sus países para salvar sus vidas.
Según cifras oficiales, en 2018 las patrullas fronterizas registraron más de 400.000 ingresos ilegales. Y en los últimos cinco años, el número de solicitantes de asilo ha aumentado en un 2.000%, desbordando el sistema, que tiene más de 700.000 casos para procesar.
