BUENOS AIRES.- La Corte Suprema argentina anuló este martes un beneficio que reducía las penas a los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar que generaba un fuerte rechazo social en el país.
El máximo tribunal consideró en un fallo que es inaplicable el beneficio conocido como "dos por uno", que permite reducir las penas al computar doble los días en prisión preventiva sin condena firme.
El fallo se aplicó al caso del ex agente de inteligencia Rufino Batalla, condenado a 13 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de decenas de disidentes durante la dictadura de 1976 a 1983, entre ellos Laura Carlotto, hija de Estela de Carlotto, titular de la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo. Batalla está sin sentencia firme y fue liberado en 2017, generando numerosas reacciones.
Cuatro jueces del alto tribunal votaron a favor y solo el presidente Carlos Rosenkrantz lo hizo en disidencia.
Con su decisión el máximo tribunal deja sepultada la posibilidad de aplicar el beneficio del "dos por uno" a los condenados por violaciones a los derechos humanos.
El gobierno valoró positivamente la resolución. "Impide otorgar el beneficio del dos por uno para casos de delitos de lesa humanidad. El fallo coincide con nuestra posición de permanente rechazo en este tema. En la Argentina que queremos no podemos avalar atajos en favor de nadie", dijo el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en su cuenta de Twitter.
Activistas de derechos humanos, partidos políticos y organizaciones sociales celebraron la decisión de la corte.
La organización HIJOS de desaparecidos durante la dictadura afirmó que "la Corte le dijo no al 2x1 al genocida Batalla" y consideró que el voto en contra de Rosenkrantz -fue "de espaldas al pueblo". "La movilización y el contundente rechazo social hicieron efecto", destacó en tanto la diputada opositora Mónica Macha.
De Carlotto dijo días atrás que en caso de que la Corte avalara el beneficio del "dos por uno" sería un "escándalo". La titular de la organización, que busca a los hijos de desaparecidos sustraídos por los militares, se refirió a Batalla como un "criminal que no se arrepiente ni confiesa". El ex agente civil de inteligencia del Ejército fue detenido en 2011 y condenado tres años después.
Los magistrados que votaron a favor destacaron que el derecho internacional impone al Estado argentino la persecución de los delitos de lesa humanidad y la aplicación de penas proporcionadas a su gravedad.
Durante la dictadura fueron asesinadas o desaparecieron más de 7.600 personas, según cifras oficiales, aunque los organismos de derechos humanos sostienen que fueron 30.000.
Durante 2017 fueron sentenciadas 234 personas por violaciones a los derechos humanos en Argentina, aunque también hubo un alza en la cantidad de acusados en libertad, según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
El informe indicó que, de los sentenciados por delitos cometidos en la última dictadura militar, 198 fueron condenados y 36 absueltos y que sólo 24% tenían condena firme.
Hay un promedio general de demora de cinco años y seis meses para la tramitación de las causas desde el requerimiento de elevación a juicio a la confirmación del último recurso ante la Corte Suprema.
