COPENHAGUE.- Dinamarca quiere habilitar un centro de inmigrantes en una isla deshabitada, con el fin de albergar a extranjeros "no gratos" que se encuentren pendientes de expulsión. Una medida que forma parte del paquete legal del Gobierno danés para endurecer su política de inmigración y que ha generado controversia en el país.
El plan, que está incluido en los presupuestos acordados entre el Gobierno liberal-conservador y el xenófobo Partido Popular Danés (DF), afecta a personas que se les ha denegado la solicitud de asilo y que habrían incurrido en un delito grave, y a criminales extranjeros, que no pueden ser devueltos a sus países porque no los aceptan o porque se arriesgan a sufrir torturas.
Dinamarca cuenta, desde 2016, con un centro para extranjeros pendientes de expulsión en
Kærshovedgård (península de Jutlandia). Sin embargo, tras una serie de problemas de delincuencia ocurridos en la ciudad, el Gobierno ha decidido ahora destinar a los más peligrosos a una isla.
"Los extranjeros que han abusado de la confianza de la sociedad danesa y cometido actos criminales deben tener las condiciones más austeras posibles y ser controlados de forma consecuente", dijo hace unos días la ministra de Integración, Inger Støjberg. "Ellos no son queridos en Dinamarca y deben sentirlo", añadió.
Støjberg, la cara más visible de la dura línea en inmigración del Gobierno de Lars Rasmussen, ya había asegurado dos años atrás - cuando se presentó el centro de Kærshovedgård - que el objetivo era hacerle la vida "lo más insoportable posible" a ese grupo de extranjeros.
Labores de limpieza y administración
El nuevo recinto estará situado en Lindholm, una isla al sureste del país, que durante el último siglo albergó laboratorios que experimentaban con enfermedades animales contagiosas y que hasta julio pasado permanecía bajo control del Instituto de Veterinaria de la Universidad de Lyngby (Copenhague).
Las labores de limpieza de la isla - sin residentes permanentes desde hace décadas - obligarán a que el centro recién sea inaugurado en 2021. Así, durante los próximos cuatro años se construirán un centenar de plazas, para lo cual se destinarán 759 millones de coronas danesas (algo más de 115 millones de dólares).
US$115 mill. se destinarán para la construcción de un centenar de plazas
Lindholm estará controlada por las autoridades penitenciarias y se mantendrán policías patrullando constantemente las 24 horas del día.
Los internos, por su parte, tendrán la posibilidad de dejar la isla durante el día y viajar en un transbordador hasta la pequeña localidad de Kalvehave. Sin embargo, deberán regresar de noche para dormir en el recinto.
"Minimizaremos la cantidad de frecuencias (del ferry) tanto como sea posible. Lo haremos tan molesto y tan caro como se pueda", dijo al canal TV2 el portavoz de extranjería del DF, Martin Henriksen.
Críticas y cuestionamientos
La iniciativa ha provocado críticas del Instituto de Derechos Humanos y otras entidades que consideran que la iniciativa gubernamental se encuentra "al borde de lo legal", ya que quienes serán enviados a la isla son personas que han cumplido pena y no se les puede privar de libertad.
"Es una mala idea, simplemente traslada el problema de un lugar del país a otro", afirmó Mikael Smed, alcalde socialdemócrata de Vordingborg (municipio al que pertenece la isla). En tanto, "Politiken", el principal diario de Dinamarca ha catalogado la medida de "derrota", pues "condena al infortunio" a un grupo de personas.
"Es una mala idea, simplemente traslada el problema de un lugar del país a otro"
Mikael Smed, alcalde de Vordingborg
El paquete de políticas que pretende implementar el Ejecutivo danés incluye otras medidas destinadas a conseguir que más refugiados regresen a sus países. Entre ellas, se encuentran dificultar "hasta el límite de los compromisos fijados por las convenciones" la prolongación de permisos de residencia y un
descenso de las ayudas económicas.
"Estamos muy preocupados por las nuevas reglas que dan aún más provisionalidad e inseguridad, menos ayudas y peores opciones de educarse. Es muy duro, destruirá familias", criticó el secretario general de la ONG Ayuda al Refugiado, Christian Friis Bach.
Coincidiendo con la oleada de refugiados llegados a Europa hace tres años, el Gobierno de Rasmussen endureció aún más la estricta política de asilo y extranjería que impera en Dinamarca desde el cambio de siglo, implementando polémicas medidas, como una ley para confiscar dinero y objetos de valor a peticionarios para costear su estancia.
La idea de trasladar a una isla a extranjeros no gratos había sido sugerida ya en el año 2000 por la entonces ministra de Integración socialdemócrata, Karen Jespersen, pero la iniciativa fue duramente criticada por su propio partido y otras fuerzas políticas.
"Hemos dicho que hay que encontrar un lugar donde colocar a los solicitantes de asilo rechazados que sean criminales, dónde esté no importa tanto", declara ahora la líder socialdemócrata, Mette Frederiksen, que en sus tres años al frente del partido ha apoyado todas las medidas restrictivas de inmigración que ha impulsado el Gobierno.
