El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska (en la foto), cuestionó el actuar de los Mossos d'Esquadra.
AFP
MADRID.- Presionado por el auge de fuerzas antiseparatistas en España, el Gobierno abandonó su tono conciliador con los independentistas catalanes y amenazó con asumir la garantía del orden público si la región es incapaz de hacerlo.
El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, previno el lunes a las autoridades catalanas de que si la policía regional, los Mossos d'Esquadra, no ejerce "las funciones que constitucional, estatutaria y legalmente le incumben", las fuerzas de seguridad del Estado intervendrán.
Esta advertencia, que dominó las primeras páginas de la prensa española este martes, se produjo luego de un corte por 15 horas el sábado de la autopista AP-7 que une la costa mediterránea española con Francia por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR), sin que los Mossos intervinieran.
Posteriormente, el domingo, los activistas radicales de estos grupos creados para forzar la ruptura con España, habituados a realizar actos relámpago, levantaron las barreras del peaje de dicha autopista.
Los Mossos, entre dos fuegos
Cataluña, el País Vasco y Navarra son las tres regiones autónomas españolas que disponen de su propia policía. En el resto, el orden está garantizado por la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Pero en la región catalana, los Mossos se encuentran entre dos fuegos. Por un lado, sus antiguos responsables esperan juicio acusados de haber participado en la tentativa de secesión de Cataluña de octubre de 2017.
Por el otro, el presidente regional catalán, el independentista Quim Torra, que abiertamente alentó en octubre a sus "amigos" de los CDR a "apretar", reclamó la semana pasada cambios en la dirección del cuerpo policial tras choques violentos entre agentes y militantes de los CDR. Algo que finalmente el ministro catalán del Interior declinó hacer.
Con su amenaza de asumir el control del orden público en Cataluña, Madrid busca también garantizar el normal desenvolvimiento de un consejo de ministros previsto el 21 de diciembre en Barcelona, que ya separatistas radicales han prometido paralizar con manifestaciones.
