LONDRES.- El Gobierno de Reino Unido presentó el miércoles su "libro blanco" sobre inmigración post-Brexit, con el que pretende reducir la llegada de extranjeros.
El nuevo sistema migratorio se basará en las competencias profesionales y no en la nacionalidad, poniendo en igualdad a trabajadores comunitarios y a extracomunitarios, explicó el ministro del Interior, Sajid Javid, en una entrevista antes de la publicación del documento.
"Si uno mira los actuales niveles de migración, los últimos datos muestran 273.000 (personas anuales). Mucha gente está de acuerdo en que es una cifra muy alta", afirmó Javid y aseguró que se trata del "mayor cambio" en el programa de inmigración de "toda una generación"..
Así, entre las medidas previstas figura
imponer visas a los ciudadanos de la Unión Europea (UE) que lleguen a Reino Unido después de que el país salga del bloque.
"Será un sistema que reducirá la migración neta a niveles más sostenibles", afirmó Javid, asegurando que se pretende lograr que las empresas "busquen primero mano de obra nacional".
Aunque el secretario de Estado afirmó que no se ha marcado un "objetivo específico" de reducción, hoy la Primera Ministra, Theresa May, confirmó que el objetivo sigue siendo reducir la inmigración a menos de 100.000 personas al año.
El control de la inmigración, y en particular acabar con el principio europeo de la libre circulación de personas, fue uno de los principales temas de la campaña del Brexit durante el referéndum de 2016. Los efectos comenzaron a notarse poco después. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, tras haber alcanzar niveles récord en 2015, la inmigración neta se redujo hasta llegar a 280.000 personas en 2017.
Amenaza al servicio de salud
Los círculos empresariales ya señalaron que algunos sectores dependen fuertemente de la mano de obra extranjera, como el Servicio Nacional de Salud (NHS). Según datos oficiales, 63.000 del 1,2 millones de personas empleadas por la sanidad británica proceden de la UE (5,6%).
"No hay nada que demuestre con más claridad cómo la libre circulación de trabajadores en Europa beneficia a los británicos que su impacto positivo en los servicios de salud", afirmó el laborista Ben Bradshaw, ex secretario de Estado de Sanidad.
"Ahora el Gobierno propone medidas que harán que las largas esperas en camillas, el gran número de operaciones canceladas y las interminables colas para ser consultado por un médico general se conviertan en la nueva norma", lamentó.
Esta preocupación se suma a la incertidumbre en que están sumidas las empresas por la creciente posibilidad de que, ante la imposibilidad de ratificar un acuerdo con Bruselas, el país se vea abocado a salir bruscamente de la UE el próximo 29 de marzo.
El Ejecutivo británico ya decidió acelerar sus preparativos para esta eventualidad y la Comisión Europea hizo lo propio el miércoles, anunciando una serie de medidas en sectores que podrían verse más afectados. Se trata en particular de los servicios financieros, el transporte aéreo y las aduanas, indicó la Comisión.
"Cerrar la puerta de golpe"
Entre las controvertidas propuestas del Gobierno británico en materia migratoria se incluía también la posibilidad de fijar un umbral salarial mínimo para los inmigrantes europeos como forma de asegurarse la contratación de personal cualificado.
Javid no se arriesgó a fijar un mínimo salarial anual, pero sugirió que este podría ser de "30.000 libras esterlinas (33.000 euros, 38.000 dólares) aproximadamente", una cifra que los servicios de salud ya denunciaron como demasiado elevada para profesiones como los enfermeros.
Y aunque precisó que este podría ser inferior en algunos casos, como el de los estudiantes extranjeros que quieran quedarse a trabajar en Reino Unido y algunos sectores económicos que sufren escasez de mano de obra no cualificada, no bastó para calmar las críticas.
"Cerrar la puerta de golpe a miles de trabajadores europeos que quieren venir aquí para desempeñar funciones cruciales, al tiempo que se dificulta el acceso de las empresas y del NHS al talento que necesitan, perjudicará nuestra competitividad y, en última instancia, significará menos oportunidades para todos los londinenses", lamentó por ejemplo el alcalde de Londres, Sadiq Khan.
Las normas no se aplicarán a los más de 3 millones de ciudadanos de la UE que viven actualmente en Gran Bretaña. El gobierno ha dicho que podrán quedarse incluso si el Brexit se consuma sin un acuerdo sobre las relaciones futuras.
