WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este jueves a los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que consideren "el cumplimiento de las condiciones" que permitirían aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua.
La vicepresidenta de la Comisión, Esmeralda Arosemena de Troitiño, se posicionó así durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, con sede en Washington.
"La CIDH llama a los Estados Miembros de la OEA a
rechazar las violaciones a los derechos humanos, los actos de represión contra la población nicaragüense y considerar el cumplimiento de las condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana al país", dijo Arosemena de Troitiño.
"La Carta Democrática constituye el instrumento más representativo de solidaridad y compromiso que países del hemisferio asumieron para asegurar que, en las naciones americanas, existan condiciones propicias para el goce y garantía de los derechos humanos", añadió.
La comisionada presentó ante el Consejo Permanente de la OEA el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH y en el que se señala que existen pruebas para argumentar que el Gobierno del Presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha incurrido en delitos de lesa humanidad.
Al respecto, Arosemena de Troitiño consideró: "La configuración de crímenes de lesa humanidad y la evidencia disponible sobre la crisis de derechos humanos que enfrenta Nicaragua
imponen un llamado a la comunidad internacional a actuar del modo más enérgico, especialmente a los países de la nuestra región".
Nicaragua está inmersa en una crisis desde el estallido el 18 de abril de unas protestas que buscan la renuncia de Ortega y que han dejado centenares de muertos.
La Carta Democrática es un instrumento jurídico aprobado en 2001 para la preservación de la institucionalidad democrática en Latinoamérica.
Su artículo 20 establece que el secretario general o cualquier Estado miembro de la OEA puede solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización "se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático".
Entonces, el Consejo Permanente debe decidir si existe esa "alteración" del orden democrático y, a partir de entonces, se pueden tomar distintas gestiones diplomáticas.
De fracasar estas, se inicia un proceso que podría llevar a la convocatoria de una Asamblea General extraordinaria, el foro político más importante de la OEA, en el que los cancilleres de las Américas podrían suspender a un Estado miembro si estiman que "se ha producido la ruptura del orden democrático".
