La información la dio a conocer el vocero de la Corte Suprema de Justicia, Mario Siekavizza.
EFE
CIUDAD DE GUATEMALA.- La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) aceptó tramitar el proceso para revocar la inmunidad a tres magistrados constitucionales que frenaron el cierre de una misión anticorrupción de la ONU que investiga por financiamiento ilegal de campaña al presidente Jimmy Morales.
"La razón es que la Corte de Constitucionalidad (CC) se excedió en cuanto a sus funciones" porque la Constitución "permite al Ejecutivo conocer acerca de la política exterior" y no a ese organismo, dijo en rueda de prensa el vocero de la CSJ, Mario Siekavizza.
La demanda fue interpuesta el pasado 19 de diciembre por el representante de la Asociación Dignatarios de la Nación (ADN), Guillermo Pellecer, en contra de los magistrados titulares de la CC, la máxima instancia judicial de país, Francisco de Mata Vela, Bonerge Mejía y Gloria Porras.
Ahora el expediente será remitido al Congreso - donde el equilibrio de fuerzas es favorable a Morales -, para una votación sobre el retiro de la inmunidad de los magistrados. Si pierden los fueros, los jueces serán objeto de una investigación.
Los tres magistrados han revertido controversiales decisiones de Morales que buscaban minar el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a Naciones Unidas, que abrió una investigación por corrupción en las finanzas del partido del presidente en las elecciones que ganó en 2015.
Horas antes de este fallo, la CC había dejado sin efecto la decisión presidencial de poner fin unilateralmente el acuerdo de la Cicig, cuyo plazo vencía en septiembre, al otorgar un amparo provisional a ocho acciones promovidas por personas e instituciones, según una resolución.
La decisión del Gobierno de cerrar la Cicig, anunciada el lunes, desató una oleada de reacciones de diferentes sectores que defienden o repudian la acción.
Sin embargo,
la denuncia contra los magistrados es ajena a las resoluciones del ente adscrito de la ONU, y responde a la decisión de la CC, compuesta por cinco miembros, de frenar la salida del embajador de Suecia,
Andrés Kompass.
El 10 de mayo del año pasado, la cancillería pidió el retiro de Kompass y de la embajadora de Venezuela, Elena Salcedo, al considerar que "en el desempeño de sus funciones han asumido actitudes que derivan en injerencia en asuntos internos del Estado de Guatemala".
Según la Asociación Dignatarios de la Nación (ADN), los magistrados constitucionales habrían incurrido en prevaricato, violación a la Constitución y abuso de autoridad.
