SANTIAGO.- La proclamación de
Juan Guaidó como Presidente encargado de Venezuela supone una situación inédita para el país caribeño: dos personas para el mismo cargo; con
Nicolás Maduro como Mandatario por segundo periodo consecutivo luego de jurar el pasado 10 de enero y con el líder de la
Asamblea Nacional (AN) ungido como máxima autoridad por este mismo organismo.
La situación, confusa para algunos, surge luego de que el Parlamento, controlado por la oposición, resolviera que
el líder bolivariano "usurpó" el poder, por lo que su Gobierno es ilegítimo. Desde el oficialismo, por su parte,
acusan a Guaidó y compañía de organizar un "golpe de Estado" y desconocer los resultados de las elecciones presidenciales de mayo de 2018, que le dieron un claro triunfo al chavismo.
Ahora, con la irrupción de este segundo Mandatario ya reconocido como la única autoridad por países como EE.UU., Chile, Canadá, Brasil o Argentina, se abre un nuevo escenario para una nación que, en el papel, ya cuenta con dos parlamentos y dos máximos tribunales de justicia. Hablamos de una dualidad de poderes del Estado que, sin duda, evidencia la profunda crisis política venezolana y el intenso "gallito" entre oficialismo y oposición.
Un parlamento en desacato y la irrupción de la Asamblea Constituyente
El 6 de diciembre de 2015, la oposición venezolana celebraba el contundente triunfo de su coalición en las elecciones legislativas, el primero tras años de derrotas a manos del chavismo. Victoria tan clara que el propio Presidente Nicolás Maduro salió a reconocerla horas después.
"Siempre hemos sabido, con nuestra ética y nuestros valores, ir a reconocer los resultados favorables o adversos", afirmó el Mandatario, quien agregó que "
hoy reconocemos y aceptamos estos resultados adversos".
Estos resultados suponían un nuevo cambio en el escenario político venezolano. Ahora, uno de los poderes del Estado pasaba a manos de la oposición, que veía cómo con esto podría intervenir en temas tan trascendentales como la creación de leyes, la designación de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un hipotético proceso de juicio político contra el Presidente.
Fue así como en octubre de 2016 el Congreso aprobó un acuerdo que declara que Maduro y los poderes judicial y electoral han roto el hilo legal de la Constitución. Paralelo a ello, surgían los cuestionamientos del oficialismo, que acusaban a la directiva de la AN de permitir la inclusión en la institución de tres congresistas que habrían incumplido con la ley electoral.
Es por eso que, el 11 de enero de 2017, dos días después de que el Congreso declarara el abandono del cargo de Maduro, el TSJ declaró la nulidad de todos los actos del Parlamento por desacatar la sentencia que la ordenaba la desincorporación de los tres diputados en cuestión.
Con esto,
el máximo tribunal tomaba las atribuciones del Poder Legislativo, mientras le quitaba la impunidad a los diputados opositores. Luego, semanas después, el Presidente Maduro convocó a
la creación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), proceso en el cual la oposición declinó participar. Este nuevo cuerpo conformado exclusivamente por miembros del oficialismo tomaba el control.
Fue así como el 18 de agosto de 2017, la ANC disolvió el Parlamento y se atribuyó sus facultades para legislar. Desde ese momento, existen dos representantes del Poder Legislativo, uno controlado por el oficialismo y otro por la oposición.
El TSJ en el exilio
Y si bien la Asamblea Nacional es considerada como "inconstitucional" por la justicia, este organismo ha seguido operando hasta la actualidad. De esta forma, y siguiendo con sus facultades, el 21 de julio de 2017 designó un Tribunal Supremo de Justicia en paralelo al que estaba actualmente en funciones, al que acusaron de "servir al Gobierno" de Maduro.
Ese día, el entonces presidente de la AN, Julio Borges,
prestó juramento a 33 personas como magistrados. Todo esto, en respuesta a la acción del Gobierno que, antes de la conformación del nuevo Parlamento, nombró nuevos jueces. Asimismo, esto suponía una presión a Maduro luego de su convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Esta medida enojó al TSJ oficial, que advirtió que enjuiciaría tanto a los diputados que levantaron esta iniciativa como a los jueces de este Poder Judicial paralelo. Muchos de ellos acusaron una persecución y huyeron del país, incluso, varios llegaron a Chile. Se formó así un TSJ "en el exilio", cuyo poder es prácticamente simbólico.
Es así como opera un Poder Judicial acusado de obedecer al chavismo que, entre otras cosas, fue el encargado de investir el pasado 10 de enero a Nicolás Maduro en su segundo mandato, función que constitucionalmente le corresponde a la Asamblea Nacional, que continúa en desacato.
Por otro lado, el TSJ en el exilio ha hecho noticia por, entre otras cosas,
haber condenado a Maduro a 18 años y tres meses de prisión por su presunta participación en el caso Odebrecht, que investiga el financiamiento irregular de campañas políticas. Asimismo, presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia contra el Ejecutivo venezolano por violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Los dos presidentes
La última situación es, tal vez, la más llamativa. Luego de que el Parlamento opositor declarara la "usurpación" del poder por parte de Nicolás Maduro, comenzó una arremetida para aumentar la presión y lograr la convocatoria a una nueva elección presidencial.
Pero partamos por el principio. En 2018, una oposición bastante disminuida veía
cómo el Gobierno adelantaba los comicios para mayo. Desde el bando opositor aseguraban que se trataba de un proceso "viciado" y que presentar una candidatura significaba validarlo. Ante esto,
se abstuvo y vio cómo el líder bolivariano se imponía cómodamente con más del 60% de los votos.
Desde ahí, los líderes opositores presionaron a la comunidad internacional para que no reconociera los resultados, lo que hicieron muchos países (entre ellos Chile), que aseguraron que no existió un proceso que garantizaba el respeto a la democracia. Pese a ello, Maduro aseguró que no echaría pie atrás y que su reelección era válida y obedecía al clamor popular.
Así pasaron los meses y, luego de la juramentación del Mandatario el 10 de enero, la arremetida del Parlamento creció y el miércoles su timonel, Juan Guaidó -quien asumió la testera del Congreso semanas atrás luego de una votación interna- se proclamó como "Presidente encargado", con la misión de convocar a nuevas elecciones en un plazo máximo de 30 días, recibiendo el reconocimiento de buena parte de la comunidad internacional.
Para Guaidó, la cosa es clara: su deber es proteger la Carta Magna y actuar ante el
"quiebre constitucional" que supone la permanencia de un gobierno "ilegítimo", como sería el de Maduro, quien por su parte insiste en
ser objeto de un plan "golpista" de la oposición y que además cuenta con el apoyo irrestricto de las Fuerzas Armadas. Ninguno de los dos dará su brazo a torcer en un país que ve cómo dos personas dicen ser el Presidente de la nación.
De momento, no se ve un futuro claro, sólo queda esperar y ver de qué forma el país caribeño logra una estabilidad.
