BRUSELAS.- Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea lamentaron la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de vetar la entrada de una delegación del grupo del Partido Popular Europeo a Caracas, pero defendieron la labor del Grupo Internacional de Contacto (GIC), cuya creación también reclamó la institución.
"Durante la reunión con los ministros, hemos discutido el caso y lo hemos lamentado pero no hemos discutido la posibilidad de que la UE interrumpa el trabajo del GIC", explicó la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, en rueda de prensa al término de la discusión.
"Al contrario, todos los Estados miembros han reafirmado lo crucial que es tener este instrumento que, probablemente, es el único que podemos utilizar para estar al mismo tiempo en contacto con los actores relevantes y el objetivo claro de elecciones democráticas, pacíficas, anticipadas como resultado a la crisis", agregó.
El vicepresidente primero del Grupo PPE y vocero de la delegación española del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, uno de los cuatro eurodiputados expulsados por Caracas, exigió este lunes a la Unión Europea que se salga del GIC, sancionar al canciller venezolano, Jorge Arreaza, por no permitir su entrada y la retirada de las credenciales de los embajadores de Maduro en la UE.
Pese a que de antemano "había una concienciación" de que "el acceso iba a ser denegado", Mogherini lamentó "el hecho de que no fueron autorizados a entrar" en Venezuela. En su opinión, "habría sido bueno" para que tuvieran "reuniones relevantes" aunque, en privado, fuentes europeas admiten que fue un movimiento "contraproducente".
Mogherini dejó claro que el GIC también fue solicitado por la Eurocámara y agregó que por ahora "no hay dificultades" para que se desplace una misión técnica de la UE y Uruguay esta semana a Caracas, acordada en la reunión del grupo en Montevideo.
La jefa de la diplomacia europea insistió en que el bloque y la Eurocámara tienen "la misma posición" sobre la "legitimidad de la Asamblea Nacional y su Presidente" Juan Guaidó y "la necesidad de que haya una solución democrática y pacífica" a la crisis venezolana.
Mogherini también dejó claro que la opción de "añadir nombres a la lista" de 18 altos cargos venezolanos sancionados por la UE por la represión interna y obstruir el funcionamiento de las instituciones democráticas en el país "es una posibilidad sobre la mesa".
"Los Estados miembros han reafirmado lo crucial que es tener este instrumento que, probablemente, es el único que podemos utilizar para estar al mismo tiempo en contacto con los actores relevantes y el objetivo claro de elecciones democráticas, pacíficas, anticipadas como resultado a la crisis"
Federica Mogherini, Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE
"Por ahora nos centramos en el trabajo del grupo internacional pero la posibilidad de introducir más medidas restrictivas sigue", dijo, al tiempo que dejó claro que la UE descartará medidas que pueda afectar "a la población ni la economía del país".
Un total de ocho países -España, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Finlandia, República Checa y Dinamarca- insisten en la necesidad de mantener sobre la mesa la opción de más sanciones, según explicaron a Europa Press fuentes diplomáticas.
Misión de altos funcionarios de la UE y Uruguay
La misión de altos funcionarios de la UE, que se desplazará 20 y 21 de febrero a Caracas, tiene previsto reunirse con "los actores nacionales relevantes para discutir las condiciones y garantías para nuevas elecciones y la entrega de ayuda humanitaria en línea con los principios humanitarios", explicaron
Mogherini agregó que la misión que se desplazará a Caracas se reunirá "con todos los actores diferentes y relevantes con el objetivo claro que es la razón de ser del GIC que es la preparación, la apertura del espacio para una solución democrática y pacífica a la crisis, con nuevas elecciones presidenciales", insistiendo en que estas deben ser "anticipadas" y que el bloque rechaza "categóricamente" cualquier "escalada militar alrededor o dentro del país".
Señaló que la ayuda humanitaria debe canalizarse "a través de los canales adecuados " y no debe utilizarse para "otros motivos que no sean el de hacer llegar" la ayuda a la población que lo necesita.
