NUEVA YORK.- Este miércoles el gobierno de Nicolás Maduro realizó un llamó a 46 países que lo apoyan en la ONU a pedir juntos al secretario general Antonio Guterres que "frene todas las llamadas a una solución militar" para poner fin a la crisis en Venezuela.
En una carta enviada a los representantes diplomáticos de países como China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y Nicaragua, obtenida por AFP, el gobierno de Maduro les invita a una reunión este viernes en la misión de Venezuela ante la ONU con el canciller Jorge Arreaza, "en favor de la defensa de la paz y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".
La misión venezolana adjuntó a la invitación el borrador de una misiva que será dirigida al secretario general de la ONU, y que aspira sea firmada por los 46 países además de Venezuela.
En el borrador de la carta redactada por el gobierno de Maduro, los países expresan preocupación por las amenazas del uso de la fuerza para sacar a Maduro del poder y piden a Guterres
promover "no solo una solución política entre los venezolanos sino que frene todos los llamados a una solución militar", sin mencionar a Estados Unidos.
El jueves pasado, rodeado de diplomáticos de varios de estos 46 países, el canciller Arreaza anunció en la ONU la creación de un grupo para defender la Carta de la ONU ante la posibilidad de una invasión militar estadounidense.
La ONU está dividida entre la cincuentena de países -encabezados por Estados Unidos- que apoyan al líder opositor Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente interino el 23 de enero, y aquellos que defienden a Maduro.
El presidente Donald Trump alertó que evalúa "todas las opciones" para solucionar la crisis en Venezuela, y envió ayuda humanitaria para los venezolanos a las fronteras. Pero el gobierno de Maduro se niega a permitir su entrada porque la considera un arma política.
El gobierno de Maduro niega la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela y atribuye la hiperinflación y severa escasez de alimentos y medicinas, que forzó al exilio a 2,3 millones de personas desde 2015, a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
