Desde que abandonó el poder, las causas contra la ex Presidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) se han multiplicado en la Justicia, aunque esto no parece afectar a su popularidad, ya que las encuestas la siguen mostrando mano a mano con Mauricio Macri en pleno año electoral.
Este lunes, Fernández declara por tercera vez por el "caso de los cuadernos", un encontronazo más con los tribunales de una lista que incluye dos órdenes de prisión preventiva y acusaciones por corrupción o encubrimiento de terrorismo, que sumarían decenas de años de pena, y que desde el kirchnerismo señalan como una "persecución política".
Estos son todos los casos que involucran a la ex Mandataria:
Conocido así porque se destapó con las anotaciones de un chofer del Ministerio de Planificación, el epicentro de una supuesta trama de sobornos a cambio de contratos públicos que comenzó con el Gobierno de Néstor Kirchner y continuó durante el de Fernández, a quien el juez federal Claudio Bonadio considera "jefa de la asociación ilícita".
Este caso, el que ha tenido un mayor impacto mediático, mantiene en la cárcel a varios ex altos cargos kirchneristas y empresarios, y muchos de los implicados han empezado a colaborar con la Justicia y han reconocido la existencia de la red de corrupción.
El juez ha registrado tres casas de Fernández, la procesó y pidió que entre en prisión provisional, algo que no prosperó por sus fueros como senadora.
En 2013, Argentina firmó un acuerdo para investigar el atentado a un centro judío en Buenos Aires en 1994 de manera conjunta con Irán, el principal sospechoso del ataque, pero la Justicia cree que en realidad se trató de una maniobra para encubrir a varios funcionarios de ese país.
Se inició tras una denuncia del fiscal Alberto Nisman, que a los pocos días de hacer pública la acusación apareció en su casa con un disparo en la cabeza, una muerte que aún no ha sido esclarecida.
El expediente, que luego recayó en Bonadio, está pendiente de juicio desde el año pasado, cuando hubo una petición de arresto y prisión preventiva para Cristina Fernández que obtuvo la negativa del Senado, al contar prácticamente sólo con el respaldo del oficialismo.
En la tercera de las causas del juez Bonadio se investigan los contratos a futuro de dólares al final del mandato de la ex Presidenta a un precio menor al de mercado, lo que habría supuesto unas pérdidas millonarias para el Estado cuando Macri asumió y se disparó el valor de la moneda estadounidense.
Acusada de administración desleal en perjuicio de la administración pública, Fernández se encuentra procesada y a la espera de juicio.
Dentro de este caso se investiga el supuesto amaño en las adjudicaciones para la construcción de carreteras en la provincia patagónica de Santa Cruz, un feudo kirchnerista y donde el matrimonio presidencial cimentó su carrera política.
Según la instrucción del juez federal Julián Ercolini, en torno al 85% de los contratos viales de la provincia fueron para el empresario Lázaro Báez, amigo personal de Néstor Kirchner, encarcelado desde 2016 y acusado de blanquear decenas de millones de dólares.
El juicio fue retrasado hasta el próximo 21 de mayo por los problemas de salud de uno de los miembros del tribunal.
Recibe el nombre de la empresa con participación de la ex Presidenta y sus dos hijos -todos procesados- que administraba varios hoteles en Santa Cruz, y sobre los que el juez Ercolini sospecha que servían, mediante la contratación de habitaciones que quedaban vacías, para darle una apariencia legal a sobornos de empresarios.
El magistrado señaló que Hotesur "no contaba con capacidad económica ni experiencia en el rubro" e intervino la compañía.
Una causa muy similar a Hotesur, en la que están involucrados los mismos empresarios cercanos a los Kirchner, que presuntamente también canalizaban sobornos a través del alquiler de los hoteles de la empresa Los Sauces.
El juez Ercolini -que sucedió a Bonadio- rechazó no obstante unificar el expediente con el de Hotesur, y envió a juicio a Fernández y sus hijos, también propietarios de la firma, después de que a Florencia Kirchner le encontrasen más de 4,5 millones de dólares en una caja fuerte.
El supuesto lavado de dinero negro por parte del matrimonio Kirchner (a los que la prensa local se refiere a menudo como "K") mantiene a Fernández imputada por la Fiscalía desde 2016, aunque es la única de las causas en la que no ha sido procesada.
El juez Sebastián Casanello rechazó en varias ocasiones citar a declarar a la ex Presidenta, pero un fallo de la Cámara de Casación le obligó a hacerlo el pasado octubre; un mes después dictó la "falta de mérito" sobre Fernández, aunque instó a seguir investigando.