MADRID.- El Gobierno español aprobó este viernes una serie de medidas para minimizar los efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, especialmente en materia de derechos de los ciudadanos y de comercio y finanzas, y que exige la reciprocidad de la autoridades británicas.
Las medidas de contingencia, de carácter temporal, se recogen en un decreto ley, que el Congreso español tendrá que convalidar, ante la posibilidad de que el Brexit se produzca sin acuerdo.
El primer objetivo, según el Gobierno, es preservar los intereses de los ciudadanos españoles residentes en el Reino Unido y de los cerca de 300.000 ciudadanos británicos que viven en España.
La norma contempla de manera específica los derechos de los ciudadanos españoles que trabajan en Gibraltar con el objetivo de que el Brexit les perjudique lo menos posible, según el Ejecutivo, que preside el socialista Pedro Sánchez.
El segundo objetivo es asegurar el funcionamiento normal de los flujos comerciales y los intereses económicos entre España y el Reino Unido.
La norma establece que el mantenimiento en el tiempo de muchas de las medidas "se supedita al otorgamiento de un tratamiento recíproco".
Todas las medidas serán suspendidas si, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor, las autoridades británicas no hubieran aprobado medidas similares en beneficio de los ciudadanos españoles residentes en el Reino Unido.
Entre las disposiciones aprobadas figuran algunas relativas a Seguridad Social (pensiones, desempleo...), asistencia sanitaria, permisos de residencia y trabajo, el reconocimiento de cualificaciones educativas y profesionales, la posibilidad de competir por y ejercer un puesto de trabajo público o ser funcionario público.
También se regula la cooperación policial y judicial, y se incluyen apartados para garantizar la continuidad de los contratos de los servicios financieros, establecer las nuevas condiciones aduaneras y regular la situación de los operadores económicos.
En otro capítulo, se establecen las condiciones de validez de permisos de conducir, de tenencia y comercio de armas o material de Defensa y detalla disposiciones en materia de transporte terrestre de viajeros y de mercancías.
También regula los servicios aeroportuarios y prevé la consideración del Reino Unido como destino internacional.
También hoy, el Gobierno aprobó otro decreto ley para crear la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi), con el objetivo de advertir de desequilibrios en la economía y prevenir y mitigar el riesgo sistémico para la estabilidad financiera.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, lo justificó para evitar que se repitan situaciones de inestabilidad financiera como las que España ha vivido recientemente.
España era uno de los pocos países de Europa que no contaba con esta Autoridad Macroprudencial, que será un órgano colegiado y adscrito al Ministerio de Economía y Empresa.
