SANTIAGO.- En medio de las tensiones que vive Venezuela, el conflicto político que ha escalado en Nicaragua o la crisis humanitaria de Haití o Yemen, el mundo registra un conflicto poco conocido, pero que ha tomado relevancia en las últimas horas. Es el caso de
Burundi, un recóndito país que se ubica en el corazón de África y que lleva años de violencia.
Este martes resaltó su situación cuando la Alta Comisionada de los DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, anunció el cierre de la oficina del organismo que se ubicaba en la nación, tras la presión del Gobierno local para el cese de sus funciones.
"Lamento profundamente haber tenido que cerrar nuestra oficina en Burundi", (...), durante muchos años, trabajamos junto al Gobierno para la consolidación de la paz"
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los DD.HH.
"Lamento profundamente haber tenido que cerrar nuestra oficina en Burundi" (...), durante muchos años, trabajamos junto al Gobierno para la consolidación de la paz, la reforma de los sectores de la seguridad y de la justicia, y contribuimos a reforzar las capacidades tanto institucional como de la sociedad civil respecto a una serie de cuestiones vinculadas a los DD.HH.", señaló en un comunicado.
La oficina, que estuvo funcionando durante 23 años, ha sido objeto de constantes acciones por parte del Gobierno burundés. Así, en octubre de 2016, el Ejecutivo suspendió toda cooperación con la oficina de DD.HH. de la ONU tras un informe de expertos que molestó a las autoridades.
El ataque final del Gobierno ocurrió el 5 de diciembre de 2018 con el cierre de la oficina, explicando que la continuidad de ésta "ya no se justifica".
Crisis política
La nación, que cuenta con un poco más de 10 millones de habitantes, comenzó con sus tensos episodios cuando se aprobó el polémico tercer periodo del Mandatario, Pierre Nkurunziza, teniendo en cuenta que la Constitución local no permite más de una reelección. Esto ocasionó la respuesta de opositores con oleadas de violencia, enfrentándose a las fuerzas estatales, según dice Human Rights Watch (HRW).
Según Nkurunziza, su primer Gobierno no cuenta en este registro porque no fue electo por sufragio universal, sino que por votación parlamentaria.
Esto provocó la insurrección de varios miembros de las fuerzas militares de ese país bajo el liderazgo del general Godefroid Nyombare en 2015, quien anunció la destitución del Mandatario cuando éste se encontraba de viaje en Tanzania.
A pesar de esto, las diputas entre fuerzas opositoras y oficialistas derivaron en el fracaso del grupo sublevado, dejando, según consigna El País, 1.200 muertos y más de 400.000 refugiados para 2018.
Otro foco de conflicto se centra en las fuerzas del Imbonerakure -el ala juvenil del oficialismo- que han atacado a los opositores en varios actos, cometiendo crímenes como asesinatos, violaciones y torturas. El grupo es amparado por Nkurunziza, que incluso les facilita el financiamiento a través de fondos de empresas y civiles.
A esto se suma un cuestionado sistema judicial que está "profundamente" manipulado por este partido, contando con una impunidad generalizada.
El país africano es uno de los más pobres del mundo y su PIB supera solo a diez de su continente (US$3.100 millones), según datos del Banco Mundial, lo que sumado a la corrupción existente, ha provocado las reacciones de manifestantes, que han reclamando por la situación, lo que fue respondido por el Gobierno con detenciones, corte de redes sociales y servicios de mensajes, entre otras acciones, en un conflicto que parece no tener solución.
