SANTIAGO.- Yale, Georgetown y Stanford son algunas de las universidades estadounidenses que se ven involucradas en un gran escándalo por coimas: Al menos 33 familias adineradas fueron acusadas de pagar millonarios sobornos para que sus hijos ingresaran a las prestigiosas casas de estudio.
Así lo detalló el fiscal de Massachusetts, Andrew Lelling, al dar a conocer la investigación de diez meses que develó que presidentes de empresas públicas y privadas, exitosos inversores inmobiliarios y actrices de Hollywood "pagaron enormes sumas de dinero para garantizar la admisión de sus hijos a algunas facultades".
El persecutor indicó al empresario William Singer de 59 años como líder del fraude y quien se declaró culpable la tarde del martes por conspiración de crimen organizado y fiscal, lavado de dinero y obstrucción de la justicia.
La acusación indica que Singer aceptó sobornos por un total de US$25 millones, llegando a cobrar US$6,5 millones para garantizar una admisión universitaria. Las familias realizaban dichos pagos a través de KWF, una fundación caritativa creada por él. Eso, además, le permitía reducir impuestos de sus contribuciones "caritativas".
Con este pago, los padres engañaban al sistema a través de una pantalla: Una empresa que preparaba los exámenes de admisión.
Singer sobornaba a entrenadores y administradores universitarios para que designaran a los hijos de estas familias adineradas como supuestos atletas. Por lo mismo, la fiscalía aseguró que nueve preparadores de Yale, Stanford, la Universidad del Sur de California, la Universidad de Texas y Georgetown aceptaron a estudiantes en sus equipos por sobornos.
Además, el empresario falsificaba perfiles de los jóvenes en sus solicitudes y describía un historial deportivo inexistente, inventado logros en el área e incluso, editando digitalmente fotografías en donde los adolescentes se hacían pasar por otros atletas.
La empresa también se encargaba de corregir respuestas erróneas de los exámenes de admisión universitaria de los hijos de sus clientes, quienes llegaron a pagar entre US$15 mil y US$75 mil para que los encargados de las pruebas ayudaran a los jóvenes, entregándoles las respuestas. Asimismo, permitían que terceros las realizaran por ellos.
Al respecto, el fiscal Lelling señaló que "no puede haber un sistema de admisión diferente para las personas adineradas" y por lo mismo, "no puede haber tampoco un sistema judicial diferente para ellos".
